Al cumplirse un mes del doblete sísmico que sacudió a Venezuela y provocó severos daños estructurales en distintas zonas de Caracas y en el estado La Guaira, organizaciones sociales y vecinos afectados continúan denunciando la lentitud de la respuesta institucional y la falta de un proceso serio de atención a los damnificados.
Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos y coordinador del Frente Norte de Caracas, ofreció un balance de la situación desde la parroquia Altagracia, en el centro de la capital, en las inmediaciones de las sedes de los principales poderes públicos del país.
«Vivimos un terremoto que generaron una destrucción no solamente en el estado La Guaira, con quien somos solidarios y sentimos realmente una solidaridad», expresó Rojas, quien precisó que en el municipio Libertador «el nivel de destrucción y estragos fueron brutales».
De acuerdo con el recorrido realizado por distintas parroquias de Caracas, entre ellas Altagracia, La Pastora, San Bernardino, Candelaria, San Martín y Catia, Rojas afirmó haber constatado «un alto nivel de destrucción» y señaló que «hubo una respuesta tardía por parte del gobierno de Delcy Rodríguez».
Demora gubernamental
«Tardaron 48 horas para que se instalaran los primeros refugios, y lo digo como afectado, porque mi apartamento quedó totalmente destruido», relató Rojas, quien indicó que la revisión de los edificios y la colocación de las etiquetas de habitabilidad, amarilla, verde o roja, comenzó casi dos semanas después del sismo, «luego de una presión ciudadana y del dolor de los vecinos».
El periodista advirtió que contar con etiqueta amarilla o verde «no significa que tu apartamento sea habitable», en los casos en que las estructuras carecen de paredes o de servicios públicos.
Asimismo, cuestionó el proceso seguido en las llamadas misiones de vivienda: «En las misiones vivienda no ha habido un proceso serio y eso hay que decirlo, tuvo que haber una presión ciudadana además».
Según Rojas, miles de caraqueños permanecen en situación de calle pese a la cercanía de sus viviendas con sedes del poder público. «Aún estando cerca del poder, aún estando alrededor de Miraflores, aún estando al lado del Tribunal Supremo de Justicia o del Panteón Nacional o de la Fiscalía, la respuesta fue lenta», afirmó, y agregó que la situación «no tiene que ver con divisiones político-partidistas».
El pueblo ayudando al pueblo
En ese sentido, el coordinador del Frente Norte de Caracas destacó el papel de la organización vecinal: «Aquí quien ayudó fue el pueblo, aquí el pueblo es el que se ayudó con una manta, se ayudó con una arepa». Rojas hizo un llamado a la unidad: «El llamado es a que se pongan a trabajar, que nos pongamos a trabajar unidos, porque somos venezolanos y nos tenemos que apoyar. No es el momento de la confrontación».
Como ejemplo de organización comunitaria, mencionó la situación de la Misión de Vivienda ubicada en la esquina de La Esperanza, donde, según explicó, los vecinos se organizaron ante lo que calificó de «verdadero poder popular». Rojas relató que, tras una denuncia pública, la Alcaldía de Caracas acudió a realizar reparaciones en ese edificio, luego de que inicialmente se hubiera indicado que la estructura era habitable, cuando en realidad «tienen que demoler el piso uno».
De igual forma, se refirió a un edificio con presencia de aguas negras en San Bernardino, que también había sido catalogado como habitable, y a la situación del edificio Belair, cercano al Ministerio de Comunicaciones: «Ha pasado un mes, cumplimos mañana (24 de julio) del terremoto y aún no han llegado a reestructurar. La gente no tiene para hacer apuntalamiento. La gente no tiene dinero para hacer grandes obras porque el pueblo está pasando hambre».
Rojas insistió en que la respuesta a la emergencia debe estar libre de distinciones políticas: «Aquí no nos dividimos entre chavistas y opositores, porque los escombros no tienen color político». En ese marco, anunció la conformación de un comité en defensa de los damnificados y de los derechos humanos, acompañado por el doctor Edwin Sambrano y el abogado Eduardo Torres, con el objetivo de continuar visibilizando la situación de quienes perdieron sus viviendas.
Finalmente, el periodista señaló que buena parte de las edificaciones en la parroquia La Pastora se encuentran «a punto de caerse», y cuestionó la falta de presencia de las autoridades en esas zonas pese a su cercanía con el centro del poder político del país.
