La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes tras escucharse una explosión durante una gira de campo que realizaba en la localidad de Las Crucitas (norte), donde verificaba los daños ambientales causados por la minería ilegal de oro en la zona.
«Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien», dijo la mandataria en una conferencia de prensa brindada en el lugar.
La mandataria relató los hechos como si hubiera estallado una «bombeta de turno» (fuego artificial usado en festividades) y que el eco en un bosque amplificara el sonido.
La presidenta realizaba un recorrido de unos tres kilómetros en Las Crucitas cuando a lo lejos se escuchó una especie de explosión, lo que generó que la escolta que la acompañaba la subiera a un vehículo y la sacara del lugar.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo que se están investigando los hechos, que los policías se encuentran realizando un barrido en la zona, con el fin de determinar lo que sucedió y descartó que alguien haya resultado herido.
En la visita también participaban diputados de varios partidos y al menos uno de ellos fue atendido por una crisis nerviosa.
«Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense como será un día ordinario para los policías y la comunidad», declaró la presidenta Fernández.
El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, una zona cerca de la frontera con Nicaragua que ha sido tomada por mineros ilegales en los últimos años y donde las autoridades policiales decomisan constantemente material y equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y dañina para el ambiente.
«Siempre les he tenido un gran respeto a los policías, pero después de ver las condiciones en que trabajan aquí, me quito el sombrero», comentó Fernández, quien dijo terminar la gira «sumamente preocupada» y «sumamente dolida» por la «destrucción ambiental y ecológica».
La presidenta instó a los diputados a aprobar el proyecto de ley para que una empresa explote el oro en la zona y se eviten los daños ambientales derivados de la minería ilegal, así como el despliegue policial que en la actualidad hay en la zona.
«Hacemos una inversión de un millón trescientos mil dólares al mes aquí en seguridad, es una inversión sostenida pero insuficiente. Tenemos 150 policías en estas ochocientas hectáreas, pero en ese terrero eso es una gota de agua en una plancha hirviendo», declaró la jefa de Estado.
En la zona de Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía no pudo comenzar a construir la mina y el sitio fue aprovechado por mineros artesanales que utilizan técnicas contaminantes que usan mercurio y el cianuro.
En el 2010 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
