El Gobierno de Trinidad y Tobago inició este viernes una investigación urgente sobre un supuesto incidente de contaminación marina, luego de que Venezuela denunciara que un segundo derrame de hidrocarburos ha llegado a sus aguas territoriales.
El ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, informó que su departamento, junto con Heritage Petroleum y la Guardia Aérea de Trinidad y Tobago, se han movilizado para determinar el origen y la naturaleza de la sustancia observada frente a la costa del país.
«Estamos coordinando una acción conjunta para esclarecer los hechos. Hemos desplegado embarcaciones y drones para realizar labores de reconocimiento, hemos recibido un informe de nuestros homólogos venezolanos y estamos investigando con urgencia», declaró Moonilal.
Señaló que una de las principales preocupaciones de las autoridades es determinar si la sustancia es efectivamente petróleo y, de confirmarse, si las corrientes oceánicas podrían transportarlo a aguas venezolanas.
La presidenta de la Asociación de Pescadores de Erin, Alicia Seeraj, dijo a EFE que no se han observado señales visibles del derrame de petróleo en la región suroeste, pero los pescadores están tomando precauciones.
Según el comunicado del Gobierno de Venezuela, este nuevo derrame de hidrocarburos fue confirmado por imágenes satelitales y supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, suponiendo «riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras».
Caracas exigió al Gobierno trinitense que «asuma plenamente su responsabilidad», adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantice «plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame».
Además, indicó que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para «determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares».
El 9 de mayo pasado, Venezuela avisó de un vertido desde Trinidad y Tobago con una «grave afectación ambiental» en el Golfo de Paria y, posteriormente, pidió una indemnización por las consecuencias de la fuga de hidrocarburos.
El canciller venezolano, Yván Gil, advirtió entonces de una afectación de 1.625 kilómetros cuadrados en doce sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de quinientos pescadores, e indicó que cuatro parques nacionales estaban en riesgo.
