Prisoners Defenders denunció este jueves «un récord de 1.281 presos políticos y de conciencia» en Cuba, después de «28 nuevos casos» registrados en mayo, con «solo siete bajas», según el recuento mensual de esta ONG de los derechos humanos.
Esas «bajas» se deben a una «muerte bajo custodia estatal, dos destierros forzados, una excarcelación efectiva y tres cumplimientos íntegros de condena», informa en un comunicado.
La ONG detalla que el fallecido es Ernesto Brieva Sempé, «tras años de encarcelamiento, enfermedad renal crónica, desnutrición y falta de atención médica adecuada». Y «ya son seis los presos políticos fallecidos desde 2023 bajo custodia o responsabilidad directa del régimen cubano».
Los dos desterrados forzados, añade, son Sissi Abascal Zamora y Jorge Fernández Era.
«El régimen cubano continúa respondiendo al deterioro social, político, económico y humanitario del país con más detenciones, encarcelamientos y castigos ejemplarizantes», entre las conclusiones del informe de mayo.
Sobre los nuevos casos de «presos políticos», la ONG asegura que muchos están relacionados «con protestas por apagones, falta de agua, escasez de alimentos y deterioro extremo de las condiciones de vida».
Prisoners Defenders asegura que la persecución ya no se limita a activistas u opositores conocidos: «alcanza a profesionales, madres, menores, usuarios de redes sociales y ciudadanos que protestan pacíficamente por necesidades básicas».
Además, detecta «una nueva ofensiva contra mujeres», y alerta sobre varios adolescentes detenidos.
La ONG explica que se trata de «detenciones sin tutela judicial, represalias por publicaciones, agresiones, amenazas, incomunicación, huelgas de hambre y el impacto directo sobre hijos menores de edad, especialmente en el caso de madres presas políticas», dice la ONG.
Entre los casos, Prisoners Defenders cita a Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años: fue detenido el 19 de mayo tras haber recibido en su domicilio, asegura, al jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.
«El régimen utiliza este tipo de represalias -deduce la ONG- para intimidar a quienes reciben apoyo o visibilidad de diplomáticos extranjeros, y para disuadir futuras muestras de respaldo internacional a las víctimas».
Sobre la lista la lista oficial de 2.010 beneficiarios de indulto publicada por el Gobierno el 25 de mayo, Prisoners Defenders considera que «solo dos correspondían a presos políticos previamente documentados»: Iván Leydis Acosta Matos, que continúa «encarcelado»; y Kevin Lay Laureiro Rojas, único caso de excarcelación efectiva verificado, aunque bajo «fuertes amenazas».
