Entre llamados a la modernización y señalamientos de intereses privatizadores, el Congreso de Costa Rica aprobó este martes en la primera de dos votaciones necesarias, un proyecto de ley que pretende reformar el modelo eléctrico que históricamente ha sido administrado por el Estado bajo el concepto de solidaridad y universalidad.
En una votación de 27 a favor y 24 en contra y seis ausencias, el proyecto quedó aprobado en primer debate, pero se prevé poco probable que sea ratificado en la segunda votación, ya que para ese trámite se requerirá una mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso (38 votos de los 57 diputados).
El proyecto de ley, apoyado por el Gobierno y las cámaras empresariales del país, crea una nueva institución llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) que administraría el mercado y planificaría el sector, una función que en la actualidad se encuentra a cargo del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); además crea un mercado de energía mayorista y amplía la participación privada.
En la actualidad, el sistema eléctrico público de Costa Rica, con el ICE como principal generador y operador, tiene una cobertura del 99,5% y su matriz energética está basada en energías limpias en más de 95%.
Proyecto ‘Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional’
El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha) defendió el proyecto llamado ‘Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional’ al asegurar que lo que se busca es la modernización del sistema con una mayor participación privada en la generación eléctrica para que el país pueda enfrentar los retos de las próximas décadas para la atracción de industrias de alta demanda energética, movilidad eléctrica y otras.
La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, cuestionó si el país está dispuesto a seguir con el sistema eléctrico actual que está «pensado para otra época» y defendió que la iniciativa de ley «mantiene la regulación tarifaria, la transmisión y distribución reguladas, el principio de regularidad, la planificación técnica, la transparencia, la competencia regulada y la supervisión estatal».
Por su parte, los opositores Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), Coalición Agenda Ciudadana (CAC, centro izquierda) y Frente Amplio (FA, izquierda), argumentaron que la propuesta de ley desmantela al estatal ICE y persigue intereses de privatización que conllevaría alzas en las tarifas con la aparente eliminación del concepto de solidaridad, mediante el cual se subsidian las tarifas en zonas rurales o no rentables.
La diputada del CAC, la exprimera dama (2018-2022), Claudia Dobles, expresó en el Plenario legislativo que el sector eléctrico es «estratégico para la seguridad energética y la soberanía» del país y que el proyecto de ley «no da una visión integral a futuro».
«El proyecto no garantiza el acceso a la electricidad al precio justo y golpea a las familias, especialmente a las más vulnerables, y a las pequeñas y medianas empresas; no protege la solidaridad tarifaria que nos ha caracterizado históricamente, no garantiza el servicio universal, debilita al ICE y aumenta la burocracia y los costos», manifestó Dobles.
En las afueras del Congreso grupos sociales y sindicales se manifestaron en contra de la iniciativa de ley con consignas como «¡No a la privatización!» y «¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!».
