Familiares de presos políticos, organizados como colectivo, realizaron una marcha que inició en Plaza Venezuela y culminó en la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Durante la movilización, la portavoz Andreína Baduel ofreció declaraciones en las que denunció la continuidad de tratos inhumanos en los centros de reclusión y exigió la renuncia del titular de esa cartera ministerial.
Según lo expuesto por Baduel, el colectivo ha denunciado desde octubre de 2024 que en el internado judicial El Rodeo I se utiliza al Centro de Estudios para la Seguridad de Masas (Cesma), órgano adscrito al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ejercer torturas y cometer delitos, sin que las autoridades ministeriales hayan tomado medidas para modificar la situación. Debido a esto, los manifestantes acudieron a la institución inmediata para entregar un documento escrito donde reiteran las evidencias acumuladas durante años.
En la misiva se solicita formalmente la dimisión del ministro Julio García Zerpa, a quien señalan de complicidad en actos de tortura y muertes bajo custodia del Estado venezolano. Asimismo, el documento exige:
- Tratamiento con respeto y dignidad para los presos políticos.
- Atención médica especializada y oportuna.
- Restitución inmediata de derechos y el inicio de una investigación independiente en la que el ministro no interfiera con sus evidencias.
Baduel describió que las condiciones de reclusión en El Rodeo I siguen siendo inhumanas, detallando que los detenidos duermen sobre camas de cemento y disponen únicamente de una letrina.
El comité de familiares registra actualmente a 42 presos políticos en condiciones críticas de salud, advirtiendo que de no recibir atención médica inmediata corren el riesgo de morir en prisión. Entre los casos mencionados, se reportaron personas que requieren hasta cuatro intervenciones quirúrgicas debido a secuelas de torturas, así como reclusos que padecen cáncer.
Respecto a los recientes anuncios gubernamentales sobre posibles excarcelaciones, la vocera manifestó la desconfianza del sector hacia las instituciones y funcionarios del Estado, a quienes calificó como los principales responsables de la tortura en el país. Recordó que los familiares acumulan 132 días pernoctando a las afueras de los centros penitenciarios tras un anuncio de excarcelación masiva realizado hace más de cuatro meses por Jorge Rodríguez, el cual, afirmó, no se ha cumplido.
Cuestionamientos a los órganos del Estado
En respuesta a previas declaraciones oficiales que sugerían valorar los gestos de liberación, Baduel sostuvo que la liberación inmediata de los presos políticos no constituye un favor sino un derecho, argumentando que una revisión de los expedientes demostraría que están viciados en su totalidad y que el poder estatal se empleó para criminalizarlos.
Por otra parte, cuestionó la negativa del Gobierno a permitir el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y la participación de organismos internacionales en investigaciones independientes.
Finalmente, criticó la actuación de los órganos de justicia. Señaló que la Defensoría del Pueblo permite la vulneración de su propio mandato de velar por los derechos humanos y denunció la opacidad de la Fiscalía General. Como ejemplo de la inacción institucional, expuso que el caso de su padre acumula 55 meses bajo una supuesta investigación sin haber recibido respuestas, y recordó el fallecimiento de personas que, como la señora Carmen, murieron esperando justicia real, asegurando que el colectivo mantendrá las denuncias para evitar la impunidad en las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado.
