«Le doy gracias a Dios, a todas esas personas que nunca nos han olvidado. No ha sido fácil, ha sido un viacrucis», expresó Erasmo Bolívar tras cruzar las puertas de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. Sus palabras reflejan el sentir de los tres expolicías metropolitanos que fueron excarcelados la noche del martes 19 de mayo, luego de pasar más de dos décadas privados de libertad.
Para Luis Molina, otro de los exfuncionarios liberados, la salida de prisión representa «lo más bello que hay en este mundo». Molina calificó la medida como un hecho totalmente inesperado, debido a que en reiteradas oportunidades les habían negado solicitudes de libertad, indultos o amnistías. Asimismo, indicó que de momento desconocen si les impondrán medidas cautelares, pero se les informó que deben asistir a un tribunal en los próximos días antes de centrarse en el reencuentro definitivo con sus hijos y familiares.
Por su parte, Héctor Rovain manifestó la dureza de la experiencia vivida, asegurando que durante estos 23 años tuvieron que ver cómo algunos compañeros de reclusión morían esperando su libertad. Rovain destacó que la fe y el apoyo mutuo fueron los pilares que los mantuvieron sanos y fuertes, al punto de considerar ahora a sus compañeros como parte de su propia familia.
Sin explicaciones institucionales
A pesar del impacto de la medida, los exfuncionarios aclararon que la única información que recibieron por parte del director del centro de reclusión en Lara fue que saldrían en libertad, sin recibir ninguna otra explicación técnica o jurídica.
La liberación de Bolívar, Molina y Rovain se enmarca en una medida anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la cual se estima la excarcelación de 300 presos políticos. Esta decisión ocurre poco después de que, en marzo de 2026, un tribunal declarara «improcedente» una solicitud de amnistía presentada por los abogados de Bolívar y Molina, bajo los argumentos de exclusión establecidos en el artículo 9 de la ley de la materia.
El origen del caso
Los tres funcionarios pertenecían a la hoy extinta Policía Metropolitana y cumplían una condena de 30 años de prisión, tras ser acusados de complicidad correspectiva en los delitos de homicidio calificado frustrado, lesiones personales graves y leves, y uso indebido de armas de fuego.
Dichos cargos estuvieron vinculados a los hechos del 11 de abril de 2002 en Caracas, conocidos como los sucesos de Puente Llaguno, que dejaron un saldo de 19 muertos y más de un centenar de heridos en medio de la crisis política que derivó en la salida temporal del poder de Hugo Chávez.
Por este mismo caso también fueron imputados en su momento cuatro comisarios y otros cinco funcionarios policiales, entre ellos Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Arube Pérez, Marco Hurtado y Rafael López, quienes en la actualidad se encuentran en el exilio, bajo libertad condicional o en libertad tras haber cumplido la totalidad de sus sentencias.
