La Comunidad Andina de Naciones (CAN) emitió un fallo determinante la noche de este jueves, resolviendo que los aranceles impuestos mutuamente por Ecuador y Colombia desde principios de año vulneran las normas de integración subregional. El organismo otorgó a ambos países un plazo perentorio de 10 días para eliminar estas medidas y restablecer el flujo comercial.
A través de tres resoluciones, el organismo multilateral dio respuesta a las demandas interpuestas por ambas naciones, determinando que estas acciones constituyen una violación directa al Programa de Liberación de Bienes. Este programa garantiza que los productos originarios de los países miembros circulen libremente y sin gravámenes dentro de la subregión.
Infracciones al Programa de Liberación
La CAN fue enfática al analizar las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano, que actualmente aplica una tasa del 75% a las importaciones colombianas. El organismo señaló que dicha tasa «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina» y calificó como una «restricción al comercio subregional» el hecho de que se haya habilitado exclusivamente el puente fronterizo de Rumichaca como único punto de ingreso para las mercancías provenientes de Colombia.
De igual manera, el fallo determinó que los aranceles aplicados por Colombia en represalia también se consideran «un gravamen», incurriendo en la misma falta normativa que su contraparte ecuatoriana.
Origen y escalada de la «guerra comercial»
El conflicto económico se desató a comienzos de 2026, cuando Ecuador implementó aranceles progresivos —que escalaron del 30% al 50% y finalmente al 75%— alegando que Colombia no custodiaba adecuadamente la zona limítrofe. En respuesta, Bogotá impuso tasas recíprocas a los bienes ecuatorianos, aunque en una proporción menor.
Esta disputa comercial ha estado acompañada de una severa crisis diplomática entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, que incluyó el llamado a consultas de sus respectivos embajadores en Quito y Bogotá.
- Acusaciones de Noboa: El presidente ecuatoriano acusó a Petro de mantener supuestos nexos con sectores políticos vinculados al líder narcotraficante alias “Fito” —extraditado a Estados Unidos—, señalamiento que el gobernante colombiano negó rotundamente.
- Postura de Petro: Por su parte, el mandatario colombiano calificó como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien además concedió la nacionalidad colombiana. Estas declaraciones fueron rechazadas por Noboa, quien las consideró un atentado contra la soberanía de su país.
Con la resolución de la CAN, ambos gobiernos se ven obligados a desescalar la tensión económica y técnica, bajo la premisa de que las disputas políticas y de seguridad no deben comprometer los acuerdos de libre comercio que rigen a la comunidad andina.
