La exdiputada y defensora de derechos humanos, Delsa Solórzano, se pronunció este sábado sobre el anuncio del Ejecutivo respecto al cese de la Ley de Amnistía. La dirigente señaló que esta medida representa un hecho de gravedad para la institucionalidad del país y una vulneración a la seguridad jurídica de la nación.
A través de sus canales oficiales, Solórzano centró su postura en la situación de los ciudadanos detenidos por causas políticas en Venezuela. Según los datos aportados por la líder política, cerca de 500 presos políticos se encuentran actualmente en los centros penitenciarios del país, a quienes definió como víctimas de una deuda humanitaria por parte del Estado.
En su balance, la dirigente destacó los siguientes puntos:
• Alcance legal: Advirtió que la clausura de este instrumento legal afecta la base jurídica necesaria para tramitar la libertad plena de los detenidos.
• Sistema de justicia: Denunció que la desestimación de la vigencia de la ley por criterios políticos profundiza la crisis de legitimidad del sistema judicial.
• Seguridad jurídica: Calificó la decisión como un acto arbitrario que contraviene los principios de reconciliación y justicia.
«No se puede cerrar por decreto una puerta que la Constitución mantiene abierta para la justicia y la reconciliación», subrayó Solórzano, reafirmando que la Ley de Amnistía es una herramienta fundamental para el restablecimiento de los derechos civiles en el contexto actual de 2026.
