El diputado Fernando Bastidas, presidente de la Subcomisión de Finanzas, anunció que el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos será presentado para su segunda discusión en los próximos días. Esta normativa, que recibió su primera aprobación el pasado 22 de enero, es descrita como una iniciativa del Ejecutivo nacional enfocada en el resguardo de la economía familiar frente a distorsiones del mercado.
Bastidas explicó que el propósito central de este marco legal es «establecer mecanismos de protección contra el abuso de condiciones especulativas que sectores inescrupulosos pretenden imponer en el mercado nacional». Asimismo, subrayó que no se trata de una medida aislada, sino de una respuesta estructural para asegurar el acceso de la población a bienes y servicios con precios justos.
Dentro de la estructura de la ley, el parlamentario resaltó el papel protagónico de la sociedad civil organizada a través de los comités de usuarios. Según Bastidas, estos grupos serán una «pieza clave para que la ciudadanía organizada supervise y evite prácticas abusivas en la distribución de bienes».
Estrategia de recuperación y producción petrolera
El legislador también vinculó el marco legal con una estrategia económica más amplia destinada a fortalecer el ingreso real de las familias venezolanas. En este contexto, destacó el desempeño de la industria energética como soporte de las políticas sociales.
- Cifras de producción: Se informó que durante el mes de marzo la producción petrolera alcanzó un millón noventa y cinco mil barriles diarios.
- Fondo de protección: Gracias al esquema de empresas mixtas vigente desde 2022, este incremento permite la creación de un fondo destinado a la protección social e infraestructura.
- Alianzas internacionales: Bastidas señaló que los acuerdos con empresas como Chevron son fundamentales para impulsar la producción «bajo esquemas de cooperación internacional, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional».
La agenda legislativa también contempla una transformación en el sistema de recaudación mediante la Ley de Armonización Tributaria. El objetivo, según el diputado, es adaptar el Estado a una «nueva perspectiva de justicia económica» que acompañe el crecimiento del país.
Finalmente, el representante de la Subcomisión de Finanzas ratificó la meta de recuperar el poder adquisitivo nacional, citando que el país ha enfrentado pérdidas estimadas en 650 mil millones de dólares en la última década. En este sentido, enfatizó que para desplegar plenamente las capacidades de desarrollo de Venezuela, se requiere el cese de las medidas coercitivas internacionales.
