Ecuador elevará del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos, informó el jueves el Ministerio de Producción.
La víspera, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario colombiano Gustavo Petro calificó de «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.
El alza de los aranceles se da «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia», señaló el ministerio de Producción en un comunicado.
Los países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de «seguridad», pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.
Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de unos 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.
Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y negándose a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.
Con el impuesto, Ecuador «busca reforzar la corresponsabilidad» en las tareas para «enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera», agregó la cartera.
Aunque hubo diálogos para intentar frenar los impuestos, estos no han tenido éxito. Este jueves la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo a periodistas que las conversaciones «han sido suspendidas (…) hasta encontrar el ambiente propicio».
La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia escaló cuando el lunes a través de X Petro llamó «preso político» a Glas, quien además tiene nacionalidad colombiana.
Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente del exmandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.
El exfuncionario enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una megacárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa (suroeste).
