La cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se elevó al menos a 512, según informó este viernes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
«Sube a 512 el total de víctimas mortales confirmadas durante la medida #RégimenDeExcepción. Los dos últimos fallecidos proceden de los centros penales de IZALCO y MARIONA», publicó en X el SJH, nacido en el contexto de este régimen y que brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.
Señaló que las muertes se han registrado principalmente en la cárceles que albergan a la mayoría de los más de 90.000 detenidos bajo este régimen y que en su gran mayoría no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
Según indicó el SJH, el 94 % de las personas fallecidas «no tenían perfil de pandilleros» y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado podrían superar las 2.000.
De acuerdo con un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.
El informe, que recaba «las versiones de familiares», ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31,8 % de los casos fueron «muertes violentas», mientras que un 31,6 % de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».
El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana.
El presidente, Nayib Bukele, ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
A marzo de este año, distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, en un 98 % de los casos por detención arbitraria y en un 75 % con responsabilidad de los agentes de la Policía.
