Este martes 17 de marzo, el abogado Alexander Cordero, en representación de la directiva nacional del partido Unión Nacional Electoral (UNE), acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un documento judicial que busca la protección del salario de los trabajadores públicos, pensionados y jubilados del país.
El jurista informó que la acción legal tiene como objetivo principal que el Poder Judicial ordene un ajuste salarial que cumpla con los preceptos constitucionales de suficiencia y dignidad. Cordero destacó que la solicitud exige que los ingresos mensuales sean anclados al costo real de la vida en Venezuela.
Amparo por el derecho a una vida digna
Durante su declaración a los medios de comunicación desde las afueras del máximo tribunal, el abogado Cordero detalló el fundamento de la petición: «Estamos introduciendo este amparo constitucional en virtud de que el salario actual no cubre las necesidades básicas del ciudadano. Solicitamos formalmente que el salario sea anclado a la canasta básica alimentaria, tal como lo establece el artículo 91 de nuestra Constitución«, explicó el profesional del derecho.
Cordero señaló que el rezago salarial ha generado una situación de vulnerabilidad extrema en la administración pública. Según el documento consignado, la omisión en el ajuste de las tablas salariales afecta no solo la alimentación, sino el derecho a la salud y a la seguridad social de millones de venezolanos.
Acompañamiento político y gremiales
La introducción del documento contó con el respaldo de la dirigencia nacional de UNE, quienes acompañaron al abogado para visibilizar la urgencia de una respuesta institucional. Cordero enfatizó que la vía jurídica es el mecanismo elegido por la organización para presionar por una «justicia social efectiva».
«No se trata solo de un número, se trata de la dignidad de quienes han servido al Estado durante años. Los jubilados y pensionados son los más golpeados por esta política de bonificación que no tiene incidencia salarial», afirmó Cordero durante su intervención.
Tras la recepción del amparo por la Sala Constitucional, el equipo legal del partido UNE espera que el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso en los lapsos establecidos por la ley. De ser admitido, el Estado venezolano estaría obligado a responder sobre las medidas que se tomarán para equiparar el salario mínimo con el costo de la canasta básica.
