Entra, presuroso, al salón en el que se reúnen las y los integrantes de la directiva copeyana, en la sede principal del partido que está ubicada en El Bosque. En la mesa hay un reloj de arena y un timbre para indicar, cuando arrecian las discusiones partidistas, que el tiempo se terminó. Pero el tiempo de Juan Carlos Alvarado, diputado y secretario general de Copei, se alargó este lunes 2 de marzo para conversar con contrapunto.com sobre temas de la política nacional. No solo no escatimó el tiempo: es que llegó con un maletín del cual sacó papeles, leyes, la Constitución.
Alvarado forma parte de la comisión legislativa que está materializando la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Particularmente, de la subcomisión que debe buscar respuestas para los casos difíciles. Se ha encontrado, y así lo cuenta, con personas juzgadas por delitos comunes que apelan a esta norma.
«Esta ley es muchísimo más amplia» que otras de la historia venezolana, como la aprobada por el presidente Chávez en 2007. «En esta oportunidad se repite el listín de hechos, que es lo que normalmente se toma en consideración para proceder con los procesos de las amnistías. Hubo una discusión muy amplia, muy fuerte, muy álgida», rememora. Incluso, el debate sobre el artículo 7 llevó a que las personas fuera del país puedan «apoderar a un defensor privado para que las representara ante un tribunal, y de esa manera garantizar su retorno sin tener que ir a ningún proceso, bien sea de ir a una cárcel o tener que estar bajo algún tipo de medida cautelar».
Todo esto busca, insiste, «recomponer la acción política en el país bajo el marco del respeto, bajo el marco del reconocimiento de las diferencias. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con familiares de privados de libertad, pero también con familiares que han sido víctimas de la violencia política, y yo creo que hay que ponerse en los dos lugares al momento de hacer una evaluación, porque son sentimientos muy fuertes por sus familiares: unos, porque tenían que ir todos los fines de semana o el día que correspondiera al centro de reclusión a llevarle comida, medicamentos, insumos, etcétera; y otros, porque simplemente tenían que conformarse con los fines de semana para ir a un cementerio».
Apostar por el indulto
Alvarado remarca que todas las leyes son imperfectas y van mejorando a medida que avanzan los tiempos. «Cuando tú observas el artículo 15 de la Ley de Amnistía, te dice que existirá una comisión de la Asamblea Nacional, una comisión especial que hará el seguimiento al cumplimiento de la ley, pero también se abocará a poder atender casos especiales que no estén contenidos acá».
-Son tres subcomisiones, ¿no?
-Correcto. Una subcomisión que va a hacer el seguimiento de la ley, el cumplimiento de la tarea de todos los órganos de justicia en colaboración con las instancias que imparten justicia. Luego tenemos una subcomisión que está trabajando todo lo relacionado con el tema laboral: dirigentes sindicales, gremiales que tuvieron algún tipo de diferencia con la justicia en materia de la protesta política, de la búsqueda de la reivindicación social, etcétera. Y luego tenemos una tercera subcomisión, que me honra formar parte de ella, que es una subcomisión para llevar adelante la investigación de casos especiales. ¿Para qué? Para nosotros no decidir, pero sí recomendar altamente a los jueces. Nosotros vemos los casos, nos llegan los expedientes, los revisamos de manera muy exhaustiva con un equipo técnico en materia jurídica; eso lo enlazamos con lo político, y entonces allí se elabora una recomendación; es una recomendación que se eleva al juez o a la jueza, y al Ministerio Público de ser necesario. Hay que destacar que este mecanismo se aplica una vez que ya la persona activó, con su defensa, la primera instancia. El juez tiene un lapso máximo hasta 15 días para dar una respuesta. Puede dársela en 8 horas, en 12 horas, en 24 horas, o hasta en 15 días. Una vez que usted reciba la respuesta, si es negativa, usted tiene además la posibilidad de apelar esa decisión. Una vez que apela y eleva esta solicitud, y es negada nuevamente, entonces la tercera instancia es esta subcomisión. Y esta comisión recibirá, y entonces evaluará y procederá.
-¿Qué se considerarían casos especiales?
-Casos especiales: algunos sectores han hablado de la Ley contra el Odio, por ejemplo. Hay personas que han sido procesadas por una mala aplicación de la Ley contra el Odio, porque en un momento sirvió para intimidar, para perseguir; no voy a hablar de todos los órganos de seguridad, pero sí de manera muy individual de funcionarios que quitaban los teléfonos, y si te veían una foto con un dirigente de extrema derecha, pues simplemente decían «tú eres conspirador, y tal, vas para acá, te vamos a presentar», y te mandaban a presentarte.
Ese es un caso especial que perfectamente la comisión puede trabajarlo. Pero además la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, también hizo mención de que puede existir la figura del indulto una vez que se haya logrado abordar el mayor porcentaje posible de casos que se presenten.
-¿Para esos casos sería el indulto? ¿Lo recomendarían ustedes?
-Nosotros lo recomendaríamos, obviamente, pues esto va de la mano con el programa de paz y convivencia en el que también están representados para poder atender a los otros sectores distintos. Hoy, cuando ves esta ley de amnistía, es la búsqueda más allá de reconciliarnos; de dar una gran estabilidad que requiere el país en el accionar político, pero también, en la convivencia. Y por eso ese programa de la convivencia es importante. Algunos dirán, «bueno, eso es nada más para los políticos». No, yo creo que va más allá del tema de los políticos, porque la responsabilidad política tiene que imperar a partir de la promulgación de esta ley. La ley permite que haya oportunidades para hacer política de manera distinta; sin tener que segregar a nadie, sin tener que señalar a nadie independientemente de como piense.
Nosotros, que hemos sido víctimas como organización política de etiquetas, yo te puedo decir que hace un año y medio, dos años atrás, en un pasado reciente, diputados que hoy están en ejercicio en la Asamblea Nacional nos señalaban y nos calificaban y etiquetaban porque apoyábamos, respaldábamos y promovíamos el diálogo, el acuerdo, la negociación para darles estabilidad a las instituciones, reforzar las instituciones. Hoy están dentro de la Asamblea Nacional y nos acompañan, y uno tiene que tener capacidad de poder perdonar, pero sobre todo, de rectificar. Creo que las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas al máximo.
-¿Esta ley usted la ve como una oportunidad?
-Es una oportunidad para todos.
-¿Quiénes deberían rectificar?
-Bueno, los que creyeron en un momento en la violencia, que la violencia era el camino para poder lograr un cambio importante en el país. Sin duda que a partir del 3 de enero se ha reseteado en el país la manera de hacer política. Cuando escuché el 5 de enero al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que decía que estaban dispuestos a partir de ese momento a escuchar más y hablar menos, pues lo vimos con muy buenos ojos, porque uno puede siempre pretender ser el dueño de la verdad aunque hay varias verdades, hay muchas verdades y cada quien va a tener su interpretación de la verdad. Lo que sí podemos ver es que en el país, por la violencia política, todo convulsionó, todo se aceleró, todo se precipitó; hasta el área económica. Hoy tenemos una ley orgánica de hidrocarburos que seguramente hace tres meses nadie hubiese pensado ni imaginado, y hoy la tenemos con una gran posibilidad de entrar nuevamente en el mercado internacional para tener capitales que son tan necesarios para reforzar, por ejemplo, el poder adquisitivo, reforzar salud, educación. Al sector político que creyó que la violencia era una gran oportunidad para salir de lo que aquí está ocurriendo, pues yo le digo que esta oportunidad hay que aprovecharla.
Su mensaje no va solo para la dirigencia política, aclara. «Creo que la oportunidad no es solamente para los que creyeron en el camino de la violencia. También es una oportunidad para que las instituciones puedan mirarse hacia adentro con un espíritu muy autocrítico, pero que sea completamente constructivo. La crítica hoy no puede verse como un espacio para sentir que están lastimando, sino ¿cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos que el sistema de justicia tenga realmente los tiempos que contempla la ley? ¿Cómo hacemos que los 45 días que se dan como máximo a la persona para que sea presentada sean cumplidos? ¿Que esos retardos procesales dejen de existir? También está la comisión de Revolución de la Justicia, que venían realizando un trabajo desde el periodo anterior de la Asamblea Nacional y que también logró resolver miles de casos.
Ir mejorando el salario
Alvarado pone sobre la mesa un eventual aumento salarial. «Colocar un monto, para mí, sería algo muy irresponsable sabiendo que el ejecutivo no cuenta con los recursos por ahora, así estemos logrando comercializar el petróleo y explotar el petróleo como realmente debe ser, y se hayan creado dos fondos. Pero yo sí creo que el ejecutivo tiene que implementar de manera inmediata una estrategia que permita progresivamente ir mejorando el salario. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, mira, tienes que reconocer también que tienes una carga de prestaciones sociales bastante importante, significativa, que si no resuelves, alguien va a terminar heredando en el futuro y va a ser una deuda interminable, infinita».
Insiste en los espacios de discusión también para este tema. «Creo que estos montos tienen que pasar, primero que todo, por un diálogo social. La comisión tripartita. ¿Quién mejor para hacerlo que los representantes del gobierno, los patronos privados y los trabajadores? Y trabajadores no sindicalistas que pertenezcan a un partido, porque eso realmente no deja ningún tipo de beneficio».
Por ejemplo, «los educadores tienen que estar representados por la Federación Venezolana de Maestros, quienes son los que perfectamente conocen y tienen los indicativos en esa materia, pero igual ocurre con el sector gremial de los profesores universitarios: también deben ser tomados en cuenta para que hagan su aporte. Cuando haces este mapeo puedes, de manera conjunta, llegar a un pacto de estabilidad en materia económica y social para las reivindicaciones».
Seguramente el ajuste del ingreso «no tienes que hacerlo de manera inmediata el 1 de mayo con un aumento de salario del 1000, 2000, 3000 %. Pero sí puedes empezar un ciclo para que, de manera progresiva, eso pueda ir mejorando. Nosotros tenemos como una cultura política nacional que cada 1 de mayo se anuncia el incremento de salario. Hace cuatro años logramos introducir en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de emergencia salarial; le dimos un mecanismo, una herramienta al ejecutivo nacional para que cada 90, 120 o 180 días pudiera aumentar el salario en la medida en que iban mejorando los ingresos en el país. Vemos con mucha factibilidad que esa herramienta que logramos introducir en ese momento sirva como un aporte para el ejecutivo nacional».
Primero la gobernabilidad, después la alternabilidad
Para el dirigente copeyano, el país «sufrió una convulsión general en todos los niveles. En lo económico, en lo político, en lo social. Hoy el país está reseteado, por así decirlo, y yo creo que no hay espacio ahorita para las diferencias. Yo he visto algunos sectores que han salido con la intención de ponerse en campaña electoral… Bueno, yo creo que no son los tiempos, que no son los momentos. Nosotros creemos y consideramos que primero está el país y lograr la estabilidad, lograr la posibilidad de la gobernabilidad para que eso lleve beneficios a la gente, y luego entonces viene la alternabilidad. ¿Esa alternabilidad se construye con qué? Con reglas claras, con mejores propuestas desde todos los sectores, donde podamos de manera conjunta conformar un conjunto de normas; trazar, como dicen, el rayado de la cancha para que todos estemos dentro de ella sin cometer ningún tipo de fallos».
-¿Necesitamos un nuevo CNE para un escenario electoral?
-Yo creo que siempre el CNE va a tener una crítica. Siempre, porque nunca van a estar los factores completamente complacidos. Siempre hay alguien que va a tener una piedrita de tranca, o en el zapato. Lo que sí quiero es que podamos, de manera conjunta todos los sectores políticos, construir realmente el escenario, la cancha de juego que queremos.
-¿Es la Asamblea el espacio?
-Es la única instancia para construir eso. Es el espacio para construirlo, porque constitucionalmente le corresponde a la Asamblea, por ejemplo, escoger a los rectores del CNE.
El legislador remarca que Copei ha acompañado las designaciones de los poderes. «No sería para nosotros algo nuevo, no seríamos una piedra en el zapato ni de tranca para que pueda darse la revisión profunda del Poder Electoral, pero tú sabes que eso tiene que ir compuesto de muchas aristas. Por ejemplo, hay múltiples cifras que manejan distintos sectores de los venezolanos que están en el exterior. ¿Sí o no? Para los que están en el exterior, ¿cómo hacemos para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto en una elección nacional, como por ejemplo, una elección presidencial? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tener relaciones con todos los países para tener la apertura de las embajadas y los consulados, y de esa manera actualizar el Registro Electoral, que sería la siguiente fase».
Luego, «si tienes que hablar de la revisión para lograr una reforma, si algún sector así lo propone, en materia de las leyes electorales, tienes que pasar luego seis meses para poder realizar un proceso electoral; eso está contemplado también en la Constitución. Esto te indica claramente, y así lo vemos en Copei, que este año 2026 no hay elecciones. Constitucionalmente, como siempre lo hemos manejado, las elecciones que nosotros vemos más cercanas son las elecciones regionales y municipales, que son en tres años».
El dirigente político analiza la situación del ejecutivo. «Voy a hablarte de la Presidencia de la República. Estamos en una situación completamente atípica en el desarrollo democrático de nuestra Venezuela, porque nunca había ocurrido el secuestro de un presidente. Segundo, esta situación no está contemplada en la Constitución. Algunos han querido hablar de la vacante absoluta, otro de la vacante temporal, etcétera. Hay una ley, que es la ley del poder público municipal según la cual a un alcalde que, por ejemplo, está siendo procesado por un caso de corrupción, la vacante se le considera cuando es condenado».
Declarar la vacante, asevera, sería un error. «Yo creo que hoy, en la situación que está atravesando el país, sería un error político e histórico que abriría la puerta a la inestabilidad para los que quieren los caminos por la vía violenta, y por la vía de la fuerza, que a la Asamblea Nacional algún día se le ocurriera presentar en el orden del día la solicitud de la aplicación del artículo 234 constitucional, que habla de la vacante del presidente de la República, porque estaríamos blanqueando un delito, estaríamos normalizando un proceso que va en contra de la integridad territorial y el respeto de la soberanía», argumenta.
Alvarado señala que se podría solicitar a la Sala Constitucional del TSJ una interpretación sobre la continuidad del gobierno. Hay «un debate jurídico político interesante que habría que darlo, porque si fuera la continuidad, y digamos que pasan los dos años que contempla la Constitución para la aplicación de un referéndum revocatorio… Te diría que si hay una continuidad, y no hay algún tipo de sentencia firme en relación con el presidente de la República, aplicaría aquí el referéndum revocatorio, ¿no? Sería constitucionalmente lo más cercano, y tendrían que organizarse los sectores que quieran solicitarlo para que se aplique».
-Pero entonces, ¿cuál sería el escenario electoral presidencial que usted ve? ¿Que Delcy Rodríguez termine el mandato de Maduro?
-Creo que hay que evaluar varias cosas. Yo creo que el acuerdo político entra aquí en el escenario, y en el tablero tendríamos que construir esas condiciones para poder lograr una elección presidencial adelantada si así fuera el caso. Esa elección presidencial adelantada, ¿cómo la construimos desde la figura constitucional que no deje allí un hueco o un vacío que permita que en el futuro eso se transforme más bien en una anomalía que después vamos a lamentar? Esto se puede sostener a través de un gran acuerdo político. ¿Que hay que hacer una reforma parcial de la Constitución, una enmienda constitucional? ¿La figura de la ausencia la contemplamos, y cómo la manejamos? Creo que ahí viene un gran debate interno, primero, de los factores del gobierno. Ahí se arranca el primer debate para saber qué planteamiento llevar adelante en la búsqueda de un gran acuerdo político. ¿Tendrá aquí relevancia la opinión o no de los Estados Unidos? No lo sé. ¿La comunidad internacional? No lo sé. El escenario se hace mucho más complejo para los que están promoviendo un proceso electoral este año.
-Usted dice que no lo ve.
-No, no lo veo. Ni en un año más, tampoco. Me atrevería a decirte que 12 meses es muy corto. 18 a 24 meses es un lapso prudencial para que las negociaciones se puedan estar dando para el desarrollo político, y yo vería la posibilidad de que quizá una elección presidencial se haga aproximadamente en unos tres años bajo el acuerdo político, y cuando eso ocurra, pues siguen avanzando las instituciones. Pero el país hoy requiere y merece el acompañamiento de las instituciones: que puedan funcionar, que puedan avanzar. Por eso considero que esta Ley de Amnistía llegó en un momento muy complejo y muy necesario además, porque hay muchas familias que están pidiendo que revisen los casos de muchos privados de libertad.
