El presidente de Portugal, António José Seguro, anunció este viernes que ha remitido al Tribunal Constitucional el proyecto de ley para acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular presentado por el Gobierno y aprobado en el Parlamento, al considerar que algunas de sus premisas podrían ser inconstitucionales.
En un comunicado publicado en la página web de la Presidencia lusa, Seguro explicó que algunas de las disposiciones legislativas de este decreto «suscitan dudas fundadas sobre si se tiene en cuenta» el interés de los menores de edad, además los plazos de detención se incrementan «sustancialmente» y algunas de las medidas «ponen en entredicho el derecho fundamental al asilo», entre otros.
En concreto, el presidente criticó que «se permite la separación entre padres e hijos o la expulsión (aunque sea indirecta o consecuente) de los menores portugueses, permitiéndose también, en determinadas situaciones, el alejamiento coercitivo y la expulsión de menores extranjeros menores de cinco años que hayan nacido en Portugal».
Se trata de una propuesta que el Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, anunció en diciembre de 2025 en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que ha impulsado desde su llegada al poder. El Ejecutivo explicó que con esta iniciativa se busca acelerar los trámites para las expulsiones y prohibir el «abuso» de los mecanismos de asilo.
Al respecto, Seguro defendió «la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, de controlar eficazmente la inmigración legal y de garantizar la defensa de las fronteras», aunque recordó que esta «no es incompatible con la dignidad humana».
Por eso, dejó en manos del Constitucional «apreciar si las opciones concretas adoptadas por el legislador nacional respetan los principios fundamentales de la Constitución, del principio de proporcionalidad, de la tutela judicial efectiva y de la protección de la libertad personal».
«Si bien es cierto que las reformas en esta materia son deseables, deben llevarse a cabo con seguridad jurídica y respetando la Constitución de la República y los instrumentos internacionales vigentes», concluyó.
El Gobierno portugués ya había enfrentado una situación similar cuando el predecesor de Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, envió al alto tribunal luso las modificaciones a la Ley de Extranjería y a la Ley de Nacionalidad que impulsó.
