Gremio de la prensa cifra en 59 los periodistas judicializados y exige libertad para Juan Pablo Guanipa

El sindicato insistió en que el país necesita el retorno de sus comunicadores y el cese definitivo del uso del derecho penal como herramienta para criminalizar la opinión y la crítica | Theodoraskis Morales Flores-@theodoraskis

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Durante un balance ofrecido este 9 de febrero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) actualizó las cifras sobre la situación de los comunicadores en Venezuela, reportando un total de 59 periodistas y trabajadores de medios judicializados. De este grupo, cuatro permanecen en centros de reclusión, Jonathan Carrillo, Pedro Ribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán, dos se encuentran bajo arresto domiciliario y 23 han sido excarcelados en lo que va de 2026 bajo medidas cautelares.

Marco Ruiz, representante de la organización, expresó su profunda preocupación por la situación de Juan Pablo Guanipa, quien tras recibir una boleta de excarcelación fue nuevamente capturado por organismos de seguridad. «Lamentamos que luego de haber recibido el beneficio de la excarcelación, pocas horas después haya sido capturado nuevamente. Juan Pablo Guanipa es periodista y comunicador social (…) por eso siempre hemos puesto su nombre en cada oportunidad que tenemos para exigir la libertad de nuestros agremiados», señaló Ruiz.

El dirigente gremial también alertó sobre el uso de «alertas en el sistema SIPOL» y la anulación de documentos de viaje como mecanismos de persecución indirecta que han forzado al exilio a decenas de colegas. En este sentido, el SNTP presentó una serie de exigencias al Estado para garantizar el ejercicio del periodismo, entre las que destacan la derogación de la Ley contra el Odio y la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), instrumentos que calificó como «mecanismos de censura».

«Seguimos exigiendo para los encarcelados la libertad plena, la libertad absoluta», reiteró Ruiz ante la presencia de familiares de detenidos y periodistas que han vivido la persecución en carne propia. El sindicato insistió en que el país necesita el retorno de sus comunicadores y el cese definitivo del uso del derecho penal como herramienta para criminalizar la opinión y la crítica.

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