En un contexto de profunda reconfiguración económica, el licenciado en administración y experto en finanzas y mercadeo, José Ignacio Guarino, afirmó que la estabilización del poder adquisitivo en Venezuela requiere de una reforma legal integral que trascienda los simples ajustes numéricos. Durante una entrevista concedida al programa “Análisis de Entorno” en Fedecámaras Radio, el especialista señaló que el marco jurídico actual, específicamente la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), ha quedado desfasado tras 14 años de vigencia.
Guarino explicó que, bajo las condiciones actuales de la economía nacional, el cumplimiento de la LOTTT resulta «imposible» para el sector productivo, por lo que instó a las autoridades a armonizar y actualizar las leyes laborales. Para el analista, la seguridad jurídica es el requisito indispensable para iniciar la reconstrucción real del salario de los trabajadores.
Durante la conversación, el experto enfatizó que la solución a la crisis salarial no pasa exclusivamente por decretar un nuevo monto mínimo. Según Guarino, un proceso serio de recuperación implica evaluar la realidad estructural de las empresas y del mercado laboral:
- Ajuste de bandas: Es necesario revisar todas las escalas salariales para evitar el achatamiento de las nóminas.
- Censo laboral: El experto planteó la importancia de conocer con exactitud cuántas personas perciben realmente el ingreso mínimo en el país.
- Capacidad de pago: Guarino advirtió que cualquier ajuste debe considerar la salud financiera de las compañías después de cumplir con sus obligaciones tributarias. «No se trata de solo un aumento ni solo subir una cifra», subrayó.
Ante la volatilidad que caracteriza el inicio de este año, Guarino hizo un llamado a la prudencia financiera y a la autogestión de los recursos. Reconoció que los venezolanos han desarrollado una «habilidad experta» para generar ingresos alternativos, pero recomendó mantener la disciplina en el consumo personal.
«Adaptar los gastos al ingreso real y eliminar gastos suntuarios», fueron parte de las recomendaciones del analista, quien instó a los ciudadanos a tener paciencia mientras se concretan los cambios estructurales que el país requiere.
La propuesta de Guarino se produce en un momento crítico para el ingreso familiar. A principios de enero de 2026, el salario mínimo legal en Venezuela se mantiene en 130 bolívares, un monto que, debido a la devaluación crónica y la inflación de tres dígitos, ha perdido su capacidad de compra de manera simbólica. Mientras el Ejecutivo ha centrado su política en bonificaciones como el «Bono de Guerra Económica» y el cestaticket, que suman aproximadamente 160 dólares, los gremios y expertos coinciden en que estos pagos, al no tener incidencia prestacional, no resuelven el problema de fondo del ahorro y la seguridad social del trabajador.
