Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de las fuerzas armadas de Venezuela, han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, denuncia un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU para investigar los abusos en ese país desde 2014.
El informe de 123 páginas publicado este jueves concluye que responsables del cuerpo de seguridad y orden público «perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género».
Estos crímenes fueron cometidos tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, unos abusos que se vieron facilitados por «un entorno prolongado de impunidad», según concluyó la misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas.
La misión investigadora explicó que las autoridades venezolanas fusionaron funciones militares y policiales a través de esta guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana y amplió el papel de este cuerpo en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
Ello se vio facilitado mediante una cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas y «altamente centralizada» bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El informe estudia el papel de la GNB en la represión de olas de protestas como las vividas en Venezuela en 2014, 2017, 2019 y 2024, durante las cuales este cuerpo «ejerció un uso desproporcionado de la fuerza» que incluyó el empleo de armas, algunas de carácter letal, «disparadas de forma indebida».
La misión, destaca el informe al respecto, halló motivos razonables para creer que funcionarios de este cuerpo dispararon armas de fuego «de forma indiscriminada» y «directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas».
La investigación también denuncia posibles prácticas de modificación de proyectiles utilizados por la GNB, con el fin de infligir mayor daño a las víctimas.
La misión documentó en su estudio detenciones arbitrarias tanto masivas como selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas y malos tratos e incluso violencia sexual y de género dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria.
«No fueron incidentes aislados, formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas», destacó Valiñas.
El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos», siendo además, según datos de la sociedad civil, la institución que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, o desempeñando un papel clave en la captura y criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.
En vista de los indicios obtenidos, la misión considera que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, por cuyo cumplimiento vela la Corte Penal Internacional (CPI).
La misión tripartita de investigación fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en los últimos años también incluyó entre sus miembros a los juristas Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina), quienes finalizaron su mandato el pasado 31 de octubre.
El informe se publica un día después de que en Oslo se oficializara la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que debido a su ausencia en la ceremonia tuvo que recibir su hija Ana Corina Sosa.
