El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia recordó este jueves que los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el derecho internacional, en respuesta al informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, donde se denuncia que militares venezolanos han cometido este delito y graves violaciones de DD.HH. durante más de una década.
«Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La comunidad internacional ha establecido que deben perseguirse incluso décadas después de cometidos, tanto para garantizar justicia y reparación, como para impedir su repetición», subrayó González Urrutia en su cuenta de X, quien reclama la Presidencia de su país desde el exilio.
En el informe publicado este jueves, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela -creada por la ONU para investigar abusos en el país desde 2014- denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las fuerzas armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década.
En este sentido, concluyó que responsables del cuerpo de seguridad y orden público «perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género».
Estos crímenes fueron cometidos tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, unos abusos que se vieron facilitados por «un entorno prolongado de impunidad», indicó la misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas.
La misión investigadora explicó que las autoridades venezolanas fusionaron funciones militares y policiales a través de esta guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana y amplió el papel de este cuerpo en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
Ello se vio facilitado mediante una cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas y «altamente centralizada» bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El informe estudia el papel de la GNB en la represión de olas de protestas como las vividas en Venezuela en 2014, 2017, 2019 y 2024, durante las cuales este cuerpo «ejerció un uso desproporcionado de la fuerza» que incluyó el empleo de armas, algunas de carácter letal, «disparadas de forma indebida».
El informe destacó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución por motivos políticos».
También señaló, con base en datos de la sociedad civil, que fue la institución que realizó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, y que desempeñó un papel clave en la captura y criminalización de opositores tras las elecciones de 2024, en las que el ente electoral proclamó a Maduro como ganador, un resultado considerado fraudulento por la oposición mayoritaria y varios países.
