Venezuela reiteró su condena por la promulgación y aplicación continuada y sistemática de «medidas coercitivas unilaterales, en flagrante violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, que además de constituir un obstáculo para el desarrollo económico y social de los países que las sufren, también restringen la cooperación internacional, socavan el derecho al desarrollo».
La declaración la realizó el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Arabia Saudita, David Velásquez Caraballo, como jefe de la delegación venezolana, durante la Vigésima Primera Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que se realiza en la ciudad saudita de Riad.
El embajador venezolano, en su intervención, instó a los Estados miembros de la ONUDI a que condenen enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales y no las reconozcan ni las apliquen, para coadyuvar a contrarrestar sus efectos extraterritoriales.
Asimismo, exhortó al director general reelecto de la ONUDI, Gerd Müller, para que adopte las acciones respectivas que permitan mitigar los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales sobre el desarrollo industrial, fundamentalmente en los países del Sur Global.
El diplomático venezolano también recordó la importancia de la aprobación adoptada el pasado 16 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para conmemorar el 4 de diciembre de cada año, el “Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales”, decisión que contó con el voto aprobatorio de 116 Estados miembros de la ONU.
Derecho a propios modelos libres de coacción
En el Debate General, se leyó una declaración conjunta, documento respaldado por Belarús, China, Cuba, República Democrática Popular de Corea, Irán, Nicaragua, Palestina, Rusia, Sudán y Venezuela, donde se reiteró el derecho soberano de todos los Estados a determinar sus propios modelos de desarrollo económico e industrial, libres de coacción, amenazas e interferencias externas, así como de la aplicación de leyes y medidas unilaterales, incluidas aquellas que puedan estar disfrazadas en forma de “aranceles recíprocos”, que son ilegítimas e ilegales.
El grupo de Estados que suscribió la declaración, reiteró la determinación colectiva de trabajar en pro de un panorama industrial mundial más equitativo y justo, en beneficio de todas las naciones y pueblos. Además, reconoció el papel fundamental que desempeña el desarrollo industrial para los países en desarrollo, incluidos los africanos, los menos adelantados, en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como para las naciones de ingresos medianos.
En la Declaración Política de la Conferencia, que culminará el 27 de noviembre, se incluyó un párrafo final que destaca “la importancia de un entorno económico internacional abierto y no discriminatorio», y reitera «la oposición de los Estados miembros a cualquier acción o medida económica que no se ajuste al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y que impida el pleno logro del desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo”.
