La política de «mano dura» impulsada por el presidente Daniel Noboa en Ecuador será insuficiente para reducir el nivel de violencia sin precedentes que vive el país andino si no se atacan las causas sociales estructurales y no se combate la corrupción, advierte un informe de la organización International Crisis Group (ICG) difundido este miércoles.
El estudio, denominado ‘¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado’, señala que el país fue durante décadas «un oasis de calma mientras sus vecinos suramericanos (Perú y Colombia) se sumían en conflictos y delitos relacionados con el narcotráfico».
Sin embargo, se transformó en «una plataforma de exportación» de droga, pues desde sus puertos sale gran cantidad, especialmente de cocaína, hacia Europa y Estados Unidos.
A ello se sumó desde 2020 la fragmentación de Los Choneros, la banda criminal que tenía prácticamente el monopolio de la actividades ilícitas, y la aparición de «docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres» que empezaron a competir por «dominar los mercados locales del narcotráfico y las redes de extorsión», lo que lo convirtió en el país más violento de la región.
«Éxito fugaz» de la militarización
El nivel de violencia llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en 2024 al país bajo «conflicto armado interno» y a implementar una estrategia de «mano dura» contra el crimen organizado que, aunque al principio logró una reducción de los homicidios, tuvo un «éxito fugaz», ya que estos crímenes se dispararon en el primer semestre de 2025, que se convirtió en el más violento de la historia al registrar 4.619 asesinatos.
«Esto muestra que, si bien las operaciones militares envían un mensaje contundente, por sí solas rara vez logran desmantelar los mercados del narcotráfico y reducir la violencia», señaló la analista de Crisis Group para los Andes del Sur, Glaeldys González.
La experta indicó que Ecuador se enfrenta «a los mismos dilemas» que han tenido otros países de la región. «Ante la presión de las fuerzas de seguridad, los grupos criminales suelen adaptarse rápidamente. Se desplazan a nuevos territorios y buscan afianzar su control sobre comunidades vulnerables», apunta el documento.
Recalibrar la estrategia
Crisis Group señaló como ejemplo del «grado de negligencia del Estado» en este ámbito al municipio de Durán, parte del área metropolitana de Guayaquil y considerado el más violento del país.
Su alcalde huyó del país después de sobrevivir en 2023 a un atentado armado; las calles siguen sin pavimentar y más de la mitad de las viviendas carecen de acceso a un sistema de alcantarillado; y las intervenciones policiales y militares se realizan de manera «esporádica», lo que ha permitido que «los delincuentes controlen la ciudad».
Según González, aunque todo indica que el uso de la fuerza militar seguirá siendo popular, el Gobierno deberá «recalibrar su estrategia» para centrarse en las causas de la violencia y avanzar hacia soluciones duraderas.
Esto consiste en que se implementen «redes de protección social mucho más sólidas», especialmente para los jóvenes que corren el riesgo de verse arrastrados al crimen organizado; y que haya una postura más firme contra la corrupción en los puertos y las instituciones.
En el caso de las cárceles, donde más de 600 presos han sido asesinados desde 2021, el informe recomienda una reforma con «programas de rehabilitación eficaces» para que dejen de ser «focos de la delincuencia».
«Sin estos esfuerzos, Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones del país», concluyó la organización.
