El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, denunció este martes la desaparición forzada del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien «se encuentra desaparecido desde hace más de 90 horas».
Murillo hizo un llamado urgente a las autoridades del Estado y a la comunidad internacional para exigir respuestas inmediatas sobre el paradero del activista.
La denuncia fue realizada en una rueda de prensa convocada de emergencia, en la que participaron familiares de Torres y miembros del movimiento de derechos humanos del país. Acompañado por la esposa del desaparecido, su hijo Eduardo Torres Jr., su madre Maritza Muñoz y su esposa, Murillo expresó su profunda preocupación ante lo que calificó como una desaparición forzada con indicios de detención arbitraria.
“Este país con desapariciones forzadas, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos no es viable. No es este el camino para construir una Venezuela de progreso y dignidad”, declaró Murillo con firmeza.
El coordinador de Provea explicó que el último contacto verificado con Eduardo Torres ocurrió el viernes a las 4:00 p.m., y desde entonces no se ha obtenido información sobre su paradero. Señaló que se han agotado los canales institucionales en busca de respuestas, sin éxito.
Murillo afirmó que el caso de Torres confirma un patrón sistemático de criminalización del activismo y del trabajo en defensa de los derechos humanos en Venezuela, en el que se utiliza el sistema de justicia para perseguir, hostigar e intimidar.
“Basta de estos atropellos. Basta de perseguir a personas decentes que como Eduardo acompañan procesos laborales y defienden a víctimas de detenciones arbitrarias”, añadió.
Además, exigió al fiscal general y al defensor del pueblo que cumplan con su deber constitucional de proteger la vida e integridad física de las personas defensoras de derechos humanos.
Murillo finalizó el encuentro destacando la importancia de mantener la unidad y la presión ciudadana frente a estos abusos: “No nos van a callar. Vamos a seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos en cualquier circunstancia”.
Este caso se suma a una creciente lista de denuncias de hostigamiento contra activistas, periodistas y organizaciones no gubernamentales en Venezuela, lo que ha generado preocupación dentro y fuera del país por el cierre del espacio cívico y la represión a voces críticas.
