El abogado y analista político, Johel Orta ha señalado la posibilidad de «una nueva postergación de las elecciones de gobernadores y legisladores nacionales y regionales, programadas para el próximo 25 de mayo, a consecuencia de la reciente reducción de la jornada laboral en la administración pública, que se implementará durante seis semanas debido a la crisis climática que vive el país actualmente».
Durante su participación en el programa Primera Página, conducido por el periodista Carlos Peñaloza, Orta expresó que «esta medida gubernamental podría impactar el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), dado que las instituciones estarán operando solo tres días a la semana, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m».
“Además, enfrentamos dos escenarios. El primero es la posibilidad real de que el partido de Gobierno implemente una política de evaluación de candidatos. El segundo es la dificultad que enfrenta la oposición para llegar a un acuerdo sobre candidaturas unitarias. Actualmente, solo hay cuatro candidatos que son los gobernadores en ejercicio, y otro candidato que cuenta con consenso es Octavio Orta en Guárico, quien tiene posibilidades de aglutinar a varios partidos. El resto presenta una fragmentación significativa, lo que podría replicar el panorama electoral del 2021”, afirmó.
Contradicciones
En otro orden de ideas, Orta calificó como «contradictoria la decisión del Gobierno estadounidense de extender por ocho semanas la licencia para que empresas norteamericanas y a Chevron operen en Venezuela, mientras amenaza con imponer un arancel del 25% a quienes compren petróleo venezolano».
Respecto al proceso de deportación, el analista político subrayó que «no se puede catalogar a más de 800 mil venezolanos en Estados Unidos como terroristas o miembros del tren de Aragua, ni aplicarles una ley del siglo XVIII».
“Es una vergüenza para la humanidad que cualquier venezolano esté de acuerdo con el maltrato y la anulación de los derechos humanos de sus compatriotas, tratándolos como mercancías y castigándolos como delincuentes al ser enviados a El Salvador en lugar de su país de origen, esposados de manos y pies y encadenados. El Gobierno estadounidense está pagando dos mil dólares anuales al gobierno salvadoreño por cada venezolano detenido”, enfatizó.
Finalmente, Orta hizo un llamado a la cancillería y al presidente Nicolás Maduro, como jefe de la política exterior, para que busquen «mecanismos que mejoren las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y reduzcan el tono de confrontación».
