El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos.
Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.
Eran las 09:20 de la manaña, hora local, inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.
El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.
La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 11 de la noche, hora local, afirmó la cadena de televisión GMA.
El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».
La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.
Guerra contra las drogas
La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay «motivos razonables» para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.
Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste.
El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vin|culó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.
No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.
La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte.
«Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas», afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.
Duterte cuestiona la detención
Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto.
«¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?», dijo hoy ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea «en contra» de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.
De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.
Antiguos aliados
Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el mandatario.
El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de «drogadicto», evidenciando el cisma entre las dos familias.
Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.
Marcos Jr. negó hoy que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.
Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la «familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr.» y declaró a EFE que la detención «es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes».
Información de EFE
