ILGA, una entidad global con sede en Ginebra que milita por la protección de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ha acusado a Estados Unidos de «abandonar a los grupos más marginados en el mundo en nombre de políticas regresivas de extrema derecha»
Los recortes para la ayuda internacional y la retórica contra los grupos de diversa orientación sexual por parte del Gobierno de Estados Unidos han causado la suspensión de proyectos en su favor en el Caribe y ponen en peligro avances recientes logrados por este colectivo, dijo una organización que federa a unas 2.000 entidades de 170 países activas en este ámbito.
«Las órdenes ejecutivas (de Trump) son un ataque directo a la vida y libertad de las personas LGTBI+ y amenazan no solo el acceso a los servicios para nuestra comunidad, sino para los grupos marginados en general, a la saluda reproductiva y los derechos sexuales», declaró a EFE la gerenta para Norteamérica y el Caribe de ILGA, Sharon Mottley.
ILGA, una entidad global con sede en Ginebra que milita por la protección de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ha acusado a Estados Unidos de «abandonar a los grupos más marginados en el mundo en nombre de políticas regresivas de extrema derecha».
Mottey explicó que en el Caribe los países con proyectos suspendidos son Granada, San Vicente y Trinidad y Tobago, mientras que la medida estadounidense puede llevar a un retroceso «en libertades recién ganadas», como ha sido la derogación en Barbados, San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda de leyes del periodo colonial que criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
«Los recortes de financiación en la región, junto con la peligrosa retórica anti LGTB que sale de EEUU ponen en gran peligro estas libertades recién ganadas y a los defensores que luchan para conseguirlas», declaró la gerenta.
En comentarios por escrito para EFE, el director del Caribbean Equality Project (entidad miembro de ILGA), Mohamed Amin, sostuvo que inmigrantes en Estados Unidos de la comunidad LGTBI «que están esperando entre cinco y siete años una audiencia de inmigración ahora se preguntan si serán deportados».
Los inmigrantes y solicitantes de asilo de este colectivo están afectados de forma desmesurada por las medidas de la Administración Trump, ya que dependen «de seguros financiados por el gobierno federal, servicios para el VIH y atención para la afirmación de género», explicó.
Otra organización miembro de ILGA, el Human Rights Campaign, ha anunciado su intención de demandar al Gobierno de Trump por querer impedir que los miembros transgénero del servicio militar sirvan abiertamente en las Fuerzas Armadas estadounidenses.
«Si no se controlan, las medida de Trump desmantelarán años de trabajado y causarán un gran daño a los más vulnerables de la comunidad», señaló Mottley.
