El defensor de derechos humanos afirmó que Tareck El Aissami es un preso político: «Estamos frente a un proceso que es político contra un preso político. Además, preocupa su situación en cuanto a derechos humanos, si se ha respetado el debido proceso, si ha sido sometido o no a malos tratos»
Las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, al igual que la apertura en Venezuela de una oficina de la fiscalía de la CPI han dado para todo: especulaciones, ensoñaciones, imprecisiones. Este martes 30 de abril, el activista y defensor de derechos humanos Marino Alvarado aclaró que el proceso «no está en negociación» y no entra en una mesa de diálogo.
En una mesa de diálogo podrían sumarse «mecanismos de justicia», y el primero «es cumplir con la complementariedad del convenio establecido entre el gobierno de Nicolás Maduro» y la fiscalía de la CPI, convenio que no finalizaría por un cambio de gobierno. Al contrario, un nuevo gobierno, «un nuevo presidente tendrá la responsabilidad de ejecutar esos acuerdos que se han establecido con la fiscalía de la CPI».
«Lo que se puede dialogar es cómo se reestructura el sistema de justicia para que ese principio de complementariedad se ejecute», comentó.
Si el mandatario Nicolás Maduro es reelecto «no hay posibilidad de justicia, no hay posibilidad de mejora en las condiciones de vida; lo que puede ocurrir es que, a mediano plazo, la fiscalía de la CPI dicte órdenes de captura u ordenes de comparecencia por un avance significativo».
El defensor de derechos humanos manifiesta su escepticismo sobre la posibilidad de que el gobierno de Maduro investigue a las cúpulas señalas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. «El propio fiscal Tarek William Saab ha dicho que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo investigas un crimen si partes del hecho de que el crimen no se cometió?», interroga. Otros funcionarios han mantenido una posición similar. «Si partes del hecho de que no se han cometido crímenes, no van a investigar a los responsables de esos crímenes». La CPI apunta a los altos cargos, recuerda, «y esos más altos responsables de Venezuela están en la cúpula que ha gobernado y que está gobernando».
Alvarado subraya que la oficina de la fiscalía de la CPI va a asesorar al Estado, y al mismo tiempo la CPI va a continuar las investigaciones. «La esperanza está en la investigación que adelante la fiscalía de la CPI», y por eso «le quedará al fiscal Karim Khan adelantar las investigaciones, y cuando él lo considere oportuno, porque se tiene suficiente información sobre hechos y sobre presuntos responsables, a lo mejor dicte órdenes de captura u órdenes de comparecencia».
El defensor de derechos humanos conversó con contrapunto.com en el contexto de la presentación de los informes de Provea sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. «Ha quedado evidenciada una gravísima situación de derechos humanos en los 10 años de gestión de Nicolás Maduro. Ello incluye crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos que reflejan la importancia de la investigación que adelanta la fiscalía de la CPI. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en la impunidad».
El rol de la oficina de la fiscalía de la CPI, enfatiza, es «presionar y capacitar a los funcionarios del Estado venezolano para que sean ellos quienes investiguen y quienes sancionen» pero en Provea «somos bastante escépticos de la posibilidad y de la voluntad que hay de parte de las autoridades venezolanas de investigar y sancionar, porque eso implicaría investigar a la cúpula».
Varias acusaciones ha lanzado el gobierno contra el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. El propio mandatario nacional sostuvo, el pasado lunes, que El Aissami supuestamente conocía acciones como el atentado con drones de 2018, el alzamiento militar de 2019 y la denominada operación Gedeón. «Creo que es un preso político», sostuvo Alvarado. Aparentemente «tenía propósitos políticos de abrir un espacio distinto al del PSUV». Más allá de cualquier posible hecho de corrupción, acotó, «estamos frente a un proceso que es político contra un preso político. Además, preocupa su situación en cuanto a derechos humanos, si se ha respetado el debido proceso, si ha sido sometido o no a malos tratos».
Los detenidos por el caso Pdvsa-cripto «tienen derecho de que se les respeten sus derechos humanos», y los tribunales y órganos de justicia están obligados «a acatar el mandato constitucional».
