El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
El ex parlamentario abogado y defensor por los derechos civiles Rafael Narváez rechazó el cese de funciones de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU que se había instalado en el país dándole cumplimiento al documento de acuerdo y entendimiento firmado entre las partes.
La orden fue dada por el Estado en la vocería del canciller impregnada de un verbo encendido dando ultimátum de 72 horas de plazo para que el equipo técnico abandone el país por ser miembros del bufete de los golpistas
“Sin duda alguna que el Estado ha retomado el camino de la persecución contra ciudadanos que el ejercicio de sus derechos políticos han sido víctimas de las detenciones arbitrarias con encarcelamiento y aún se desconoce el lugar de detención tanto por familiares y sus abogados de confianza como lo son Luis Camacaro, Guillermo López y Juan Freites detenidos el 23de enero configurándose el delito de desaparición forzada de personas”
Continuó Narváez “Esta política pública por parte del Estado de violar sistemáticamente las garantías constitucionales, judiciales y derechos humanos no escapan los activistas DDHH, tal es el caso reciente de la directora de la ONG Control ciudadano Rocío San Miguel quien fue detenida, privada de libertad sin permitir ejercer su defensa por sus abogados de confianza fijando el sitio de detención la sede de la cuna de la torturas SEBIN del Helicoide destacando que es la primera vez que una mujer activista por los derechos humanos es privada de libertad en nuestro país.
Para finalizar el ex parlamentario exigió al Estado el cese de las violaciones graves a los derechos humanos y al sistema de justicia intentar recuperar su autonomía, independencia y atribuciones establecidas en nuestra CRBV.
