Dos decisiones vinculadas con el ejercicio de las libertades alarman a organizaciones como Provea y la Apucv
Las decisiones y medidas recientes que se han tomado en Venezuela no están aisladas. Por el contrario, se relacionan con el escenario electoral de 2024. En este punto coinciden tanto Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, como José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv).
Se refieren a la decisión del TSJ sobre la Cruz Roja y a la sentencia con la que se condenó a 16 años de prisión a seis trabajadores y dirigentes sindicales.
«Se está anunciando el inicio de una conflictividad previa al escenario electoral», explica Uzcátegui. En la medida que el país se acerca a 2024 y hay un escenario de disputa del poder «el gobierno viene apretando el alicate y disminuyendo espacios que son propios de la sociedad», indica Afonso.
El gobierno, «en vez de estar resolviendo los verdaderos temas que podrían darle estabilidad al país, que son los temas sociales, reivindicar el salario, hacer la vida de la gente mucho más digna, se ocupan de generar una sentencia fuera de la ley y violadora de derechos humanos», subraya el profesor ucevista.
La sentencia contra los seis luchadores, agrega, «es de orden político y está orientada a limitar la capacidad de protesta del movimiento de trabajadores y a reiterar que la fuerza la tiene el gobierno y el resto de poderes públicos».
Para las organizaciones de derechos humanos la situación no es halagüeña.
En Provea «acompañamos denuncias, acompañamos a la gente que reclama, acompañamos a los sindicalistas por el derecho a un salario justo», recuerda Uzcátegui. «Se va a intentar que bajemos el perfil, que silenciemos, que no hagamos cosas, que dejemos de denunciar, que nos atemoricemos».
Lo ocurrido con la Cruz Roja «nos preocupa porque abre la puerta a intervenciones de asociaciones civiles por la vía judicial», opina el defensor de derechos humanos. «Ha habido una intención, desde hace tiempo, de que las organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria no deben denunciar violaciones de derechos humanos. A nosotros nos preocupa que la entrega de ayuda humanitaria no se haga con la perspectiva de derechos humanos, de manera digna y que no sea discriminatoria, y también nos preocupa que eso funcione para silenciar la actuación de derechos humanos».
Aclaró que, como activistas, no abogan por el expresidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel, pero sí «tenía derecho a un debido proceso» que no se le ha garantizado. Sobre el empresario Ricardo Cusanno, presidente de la junta interventora de la Cruz Roja, dijo que no duda que su intención sea ayudar a que la gestión humanitaria sea mejor, pero «está legitimando la apertura de una ventana que puede ser usada contra el resto de la sociedad civil; se está abriendo una caja de Pandora muy peligrosa».
