En Venezuela existe una sola cárcel construida para mujeres, además de 16 anexos femeninos, pero el trato que reciben no es el adecuado y la violación de sus derechos humanos es una constante
Los números que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dicen que en Venezuela hay 33.558 personas encarceladas y, de ese total, 2.560 son mujeres, lo que representa un 7% del total. De esas 2.560 presas, el 40% lo está por tráfico de drogas, y en total general están incluidas 82 extranjeras, ,explicó Humberto Prado, director del OVP.
En Venezuela existe una sola cárcel para mujeres, prosiguió Prado, y es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda, mientras que en todo el territorio nacional hay 16 anexos femeninos, seis de ellos con medidas provisionales en los estados Aragua, Monagas, Lara y Mérida.
Prado agregó que aún cuando la población penitenciaria de las mujeres es mínima, en comparación con la de los hombres, no hay una infraestructura adecuada para mantenerlas allí. Actualmente existe un hacinamiento de alto riesgo de 188,94% porque sobrepasa el 20% de la capacidad real instalada.
“Cuando esto pasa vienen consecuencias como el aumento de ocio, porque no se pueden hacer actividades, así como el aumento y propagación de enfermedades y esto hablando a nivel de cárceles porque si nos vamos a los calabozos la situación es peor no tienen derecho al sol, no tienen acceso a medicamentos, su situación es muy crítica y dantesca y no es un problema de una instalación o del funcionario, es que no son trasladadas a un recinto penitenciario”, señaló el fundador de OVP.
Estas declaraciones fueron parte del Foro Virtual: Mujeres en Prisión “un enfoque diferenciado con perspectiva de género”, realizado por el OVP.
12 instrumentos jurídicos ignorados
Por otra parte Carolina Girón, abogada, activista de DDHH y directora adjunta de OVP, informó que la situación de las mujeres privadas de libertad en las Américas es muy similar, no existe un país, a excepción de México, EEUU, Panamá y Colombia, que tengan un registro e información de las mujeres en prisión.
Existe una opacidad en la información y a pesar que existen entre al menos 12 instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las mujeres privadas de libertad, estos no son aplicados y muchos menos respetados en los sitios de reclusión.
Girón expuso que en un estudio que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en razón de una consulta de enfoque de género sobre personas privadas de libertad en grupos vulnerables en las Américas, vieron que era grave la situación de las mujeres y la constante era la falta de información estadística.
En las Américas las mujeres y niñas representan el 8,4% de la población carcelaria, a excepción de EEUU que la población es más de 30 %, luego le sigue Brasil, México que tienen la mayor cantidad de mujeres encarceladas y El Salvador que tiene la mayor tasa de encarcelamiento de las mujeres.
Hasta el 2020 la tasa de encarcelamiento subió en un 53% en comparación con 2019 y años anteriores, mientras en el de los hombres pasó de 20%. Las Américas es el continente que tiene la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad, teniendo 308.000 mujeres presas, seguida de Asia con 263.000 y Europa con 102.000. “La situación de las Américas es terrible para las mujeres”.
Sistema hecho por hombres y para hombres
Girón comentó que esta falta de información íncide en la falta de políticas públicas en el sistema penitenciario que fueron creados por hombres y para hombres, olvidándose de la población de mujeres, y la violación de sus mujeres sus derechos es grande.
“Observamos que son mujeres que son cabeza de hogar, son jóvenes, pobres, con baja escolaridad y aunque son rasgos generales no hemos podido identificar de forma discriminada la población de mujeres que son jóvenes, mayores o indígenas”, asegura Girón.
A la par la defensora de DDHH manifestó que el 40% de las mujeres están detenidas por droga y no porque sean parte de una organización sino que son usadas como mulas, generalmente inducidas e utilizadas por hombres, en una alta incidencia su pareja. A lo que señala que “la pobreza se paga con cárcel en las Américas”.
De la misma forma, la directora adjunta de OVP manifestó que la tasa de hacinamiento además es alta, influyendo en las condiciones físicas y psicológicas. Aseguró que las situaciones que atraviesan las mujeres son peores que los hombres durante su reclusión, “son violadas, tanto por el personal como por sus pares, pueden ser hombres o mujeres, reciben acoso físico y sexual, son obligadas a prostituirse y hay una violencia psicológica como el aislamiento, son vigiladas en su desnudez, tanto para bañarse, para ir al baño y no hay respeto y pudor a las mujeres”
Girón manifestó que las mujeres en prisión son ignoradas y que no son tomadas en cuenta sus condiciones por género, y esto se evidencia en las condiciones en las que se encuentran recluidas.
Cambian la ley, pero siguen los vicios
Magaly Vásquez, secretaria general de la UCAB, individuo de número de la ACIENPOL, aseguró que el sistema penal venezolano no está concebido en una perspectiva de género.
Expuso que en Venezuela las mujeres en prisión son sometidas a violencia sexual, violencia de género a humillaciones durante las visitas a centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamientos domiciliario.
Indicó además que aunque se han mostrado avances en la creación de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia en 1999 y que luego fue sustituido por la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de la Violencia, pero hoy día en Venezuela seguimos viendo la permanencia de un derecho sexista, porque hay diferencias en el derecho donde son favorables para los hombres y discriminatorios para las mujeres, sobre todo en la aplicación y es donde se evidencia que no existe una igualdad.
Para Vásquez debería existir una investigación de delitos con perspectiva de género, así como juzgar de la misma forma y aplicar la ejecución de la pena con perspectiva de género.
La secretaria general de la UCAB aseguró que Venezuela debería ajustar todos los procesos a perspectiva de género, aunque cuando en el Tribunal Supremo de Justicia se habla de ello, no es aplicado.
Por otra parte, Dianet Blanco, activista de DDHH y ex presa política, relató en el Foro realizado por OVP toda su vivencia tras las rejas durante más de un año en la sede del SEBIN en El Helicoide.
“Se vive mucha discriminación al trato de privadas de libertad, solo había una celda para mujeres, no había clasificación entre presas políticas o comunes, poca ventilación, no había atención médica al menos que la persona recluida este en situación crítica
Los centros de detención preventiva las celdas son custodiada por hombres y no por femenina, allí viene el intercambio de sexo por un derecho humano, aunque la presa lo ve como un beneficio como la visita, un medicamento o simplemente una salida al sol”, contó Blanco.
La ex presa política manifestó que ellas por su condición eran excluidas aún más de estos llamados “beneficios” y destacaba que la falta de agua potable y el no tener acceso a productos de limpieza o un baño terminaban haciendo que no se bañaran, usaban toallas húmedas para limpiarse y inclusive hacían sus necesidades en bolsas, todo esto se traducía a enfermedades de la piel y respiratorias.
Blanco indicó que la sumisión de la mujer lleva a ver que estos tratos impartidos por sus cuidadores eran normales o merecidos, por eso a las horas de las requisas observaba como eran más violentas con ellas que con los hombres, “nos destrozaban todo, nos revisaban hasta las partes íntimas, mientras a ellos no”.
De la misma forma expresó que las mujeres que llegaban a encargarse de su cuidado eran mucho más violentas y ofensivas, incluso más que los hombres y veía que no existía una preparación del personal para el trato hacia las privadas de libertad.
