«No tiene dinero, pero ¿qué propone? Tiene que proponer algo, tiene que decir algo. No puede tener a los trabajadores en cero», subraya Ofelia Rivera, profesora y coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE)
Maestras y maestros se han mantenido en protesta en las calles del país para exigir la discusión del contrato colectivo pendiente. Han manifestado solos, acompañados por otros trabajadores públicos, en las puertas del Ministerio de Educación, en la Inspectoría del Trabajo y en otros puntos del centro de Caracas. Hasta ahora no ha habido un sí o un no.
«El gobierno tiene el deber de hacer una oferta. No puede negarse a decir ‘no tengo dinero’. No tiene dinero, pero ¿qué propone? Tiene que proponer algo, tiene que decir algo. No puede tener a los trabajadores en cero», subraya Ofelia Rivera, profesora y coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) y de la Red de Pedagogía de Venezuela.
La reacción del gobierno venezolano puede asumirse como silencio administrativo. Es decir, la Administración Pública no da respuesta en un lapso determinado, lo que permite a los demandantes elevar su reclamo a otro nivel.
La presión es, ahora, la primera herramienta. «Queremos presionar al gobierno, en todos los estados, para que se siente con los trabajadores», para que haya discusión de las contrataciones colectivas y que se cumpla el artículo 91 de la Constitución», afirma Argelia Castillo, secretaria general de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas.
En Semana Santa «esperábamos lograr la reflexión del régimen sobre los derechos de los trabajadores», señala Rivera. «Esperábamos que dios los ayudara a reflexionar sobre la violación de derechos que han hecho, porque ningún trabajador tiene cómo satisfacer las necesidades de nada: ni siquiera alimentación».
Pero, haya o no haya reflexión entre quienes detentan el poder, «nosotros vamos a seguir en la lucha, porque sabemos que esto es una situación de vida; debemos insistir en que sean reconocidos los derechos de los trabajadores».
Como lo sentencia Rivera, el magisterio sigue apostando para que, en los próximos días, «se instale la mesa de negociación», y se restituya la discusión del contrato colectivo».
Si el Poder Judicial funcionara correctamente «nosotros tendríamos que introducir una demanda contra el gobierno por incumplimiento del pago de los salarios», ya que «ningún trabajador hoy puede decir que tiene satisfechas sus necesidades; ni siquiera el sector privado, porque el sector privado tiene un bono, pero no le alcanza tampoco».
La presión debe conducir, expone Castillo, a conseguir salarios, jubilaciones y pensiones dignas: «Que cualquier trabajador pueda mantenerse, que no tenga que vivir en la miseria».
