«El Gobierno está inhabilitado para exigir debido proceso ante la CPI porque lo viola sistemáticamente», denunció Rafael Nárvaez

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El activista social descalificó al Gobierno Nacional por «ir contra la sala de cuestiones preliminares internacional que es la que autoriza al Fiscal a investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela»

Rafael Narváez, abogado penalista y defensor por los derechos civiles rechazó «la pretensión del Estado venezolano en descalificar al fiscal de la Corte Penal Internacional y nombrarlo como una forma de ocultar el incumplimiento del documento de acuerdo y entendimiento firmado, donde uno de los puntos establece el compromiso de contar con un sistema de justicia imparcial que asumiera la investigación penal de los hechos ocurridos durante el 2017 y procesar a los posible responsables»

«Esta nueva práctica viola el principio de complementariedad contemplado en el Estatuto de Roma que establece que tanto el Estado venezolano como parte la CPI hagan la investigación penal, que el equipo técnico del fiscal de la Corte tenga acceso a los expedientes sin ninguna restricción», rechazó Nárvaez

Asimismo el exparlamentario denunció que «el sistema de justicia venezolano solo ha procesado a oficiales de bajo rango desconociendo las competencias y alcances de la CPI quien solo investiga y procesa penalmente a jefes de Estados en ejercicio, militares de alto rango y funcionarios de gobierno de alto nivel».

«No es ético desde el punto de vista jurídico exigir el cumplimiento del debido proceso cuando en nuestro país, el Artículo 49 CRBV es violado constantemente», aseveró.

Asimismo subrayó que «lo más grave de esta situación, es la suspensión de las audiencias en innumerables veces que constituyen un inmenso retardo procesar con denegación de justicia vulnerando sistemáticamente el debido proceso jurídico».

«Las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad aún esperan que los componentes del letal Plan Zamora y que su cadena de mando sean procesados penalmente», expresó el defensor por los derechos civiles.

Para finalizar el abogado recordó al Estado venezolano que «los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a responsable de violaciones graves a los derechos humanos».

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