Hay un grave peligro «de cierre del espacio cívico», enfatizó Andrea Santacruz, representante de Civilis
Más de 100 organizaciones de Venezuela reiteraron este viernes las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país y solicitaron al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que ayude a frenar el proyecto de ley con el cual el poder espera controlar las actividades de las organizaciones no gubernamentales.
A Türk le piden que haga «todas las gestiones necesarias para que, desde su mandato de protección, se exija al Estado venezolano descartar esta ley, e incluso, derogar todas las que son violatorias de los derechos humanos», explicó Andrea Santacruz, representante de Civilis.
La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó esta semana, en primera discusión, el proyecto de ley. El diputado y dirigente chavista Diosdado Cabello ha insistido en que la norma debe ser ratificada lo más pronto posible.
Las organizaciones igualmente instan a que, en los acuerdos que pueda suscribir la Oficina del Alto Comisionado con el Estado, se incluya «la creación de condiciones compatibles a los estándares de entorno favorable y seguro para el espacio cívico de Venezuela».
Hay un grave peligro «de cierre del espacio cívico», enfatizó Santacruz.
La política oficial «estigmatiza, criminaliza, reprime y persigue a las organizaciones y a sus miembros», alertó.
Las organizaciones son vistas por el sector oficial como una amenaza a la soberanía, cuando en realidad «estamos ejerciendo nuestra labor en forma autónoma e independiente».
Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, recordó al gobierno venezolano que los derechos humanos no son capitalistas ni socialistas.
Lexys Rendón, de Laboratorio de Paz, apeló a la sociedad: No permitamos el control del Estado hasta en nuestro pensamiento, enfatizó.
