Miraflores ha rechazado los señalamientos y asegura que ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles«
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH), integrada por por las ONG Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela, señaló a través de un comunicado que envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «con 32 nuevos casos de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, informó este viernes la organización».
La organización explicó que esta es la tercera comunicación que remite a este organismo en la que utilizaron fuentes primarias, como testimonios de víctimas directas y de algunos «casos testigos», que «sirve para evidenciar no solamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino la falta de investigación y sanción en Venezuela a los máximos responsables».
Asimismo, dijo haber documentado patrones de ataques y persecución contra defensores, activistas y disidentes políticos practicado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y policías regionales.
«Los casos registran una constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias, en su mayoría, con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado», apostilló.
La organización señala que Las víctimas afirmaron que «pasaron días días incomunicadas, sin saber su ubicación, sin ver a sus familiares, sin recibir asistencia legal ni ser debidamente informadas del motivo de su detención o cargos imputados».
Esta posicón y denuncias han sido rechazadas por el Gobierno de Venezuela el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos». EFE
