Los trabajadores presentaron una carta al Tribunal Supremo de Justicia en la que exhortan a los magistrados del Poder Judicial a que cumplan la Constitución y sus sentencias estén apegadas al debido proceso
El abogado constitucionalista Jim Albornoz afirmó que este jueves 15 de septiembre, los representantes legales de los trabajadores del sector público introdujeron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo constitucional «para que se proteja los derechos de los trabajadores y empleados públicos. No solo estamos hablando de los derechos laborales, también de los derechos humanos como es el alimento de las familias venezolanas».
Reveló que lo trabajadores del sector público no dejarán de protestar, pues el instructivo Onapre, aunque supuestamente no existe, se sigue aplicando. «Se le está conculcando su salario, se le está arrebatando su derecho adquirido a través de los tiempos así como la contratación colectiva y se le está quitando de un 40%, 60% y hasta un 70% de su salario. Esto nunca se había visto en la historia laboral del país. Hay una violación a la Constitución nacional como nunca se ha visto antes».
Los trabajadores presentaron una carta al Tribunal Supremo de Justicia en la que exhortan a los magistrados del Poder Judicial a que cumplan la Constitución y sus sentencias estén apegadas al debido proceso. «Estamos protestando porque queremos hacer valer dos importantes elementos de la Constitución. La primera es el derecho que tienen los trabajadores a exigir que se cumplan los derechos establecidos en la Carta Magna y la segunda es el derecho a la tutela judicial efectiva que ninguno de esos dos elementos fueron considerados en la producción de la sentencia emitida por el Supremo».
El jurista reiteró que el Artículo 49 de la Constitución tiene ocho numerales «muy claros y contundentes (…) por cierto, el último, deja muy claro que todo tipo de fallo que vaya en detrimento en contra de los derechos más fundamentales planteados en el texto constitucional son revocables o son nulos y por su puesto, se puede ir (judicialmente) contra quien haya emitido la sentencia», dijo el dirigente de Alianza Al Bravo Pueblo.
