La Coordinación Regional del Movimiento Zulia Humana, califican «la aprobación en primera discusión de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias de los Estados y Municipios como una Ley que subordina los municipios y gobernaciones al Ministerio de Finanzas»
Rodrigo Cabeza, economista y miembro del movimiento Zulia Humana, calificó como una «tremenda violación» de la autonomía del «Estado Federal Descentralizado» que rige en Venezuela la pretensión de aprobar esta Ley que dejaría de manos cruzadas a los alcaldes y gobernadores .
«Una de las pretensiones de este estamento es que el Ministerio de Finanzas sea el órgano rector del sistema tributarios de los municipios y estados y la facultad además para dictar clasificados y tabla de valores armonizados, esto no tiene precedente en nuestra vida democrática «, calificó.
Para el exministros de finanzas y economista Cabeza Morales esta Ley permite fijar de manera arbitraria los límites máximos de las alícuotas de los tributos cobrados por gobernaciones y alcaldías, vulnera la autonomía municipal.
A juicio del exdiputado de la Asamblea Nacional, la propuesta de Ley viola al menos seis artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Destacó el Artículo 168 que establece que los municipios son autónomos para la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Por su parte, Eduardo Labrador, diputado y coordinador regional de Zulia Humana (ZH) manifestó que «el madurismo insiste en despojar a los estados». Nuevamente se refirió al caso de la región donde se arrebato las competencias de administración del puente, puerto y aeropuerto.
«No podemos permitir que está ley avance, sería una atrocidad para el país, es deber del Parlamento Nacional cumplir el Artículo 206 (CRBV), el cual establece que los Consejos Legislativos del país deben ser consultados en las decisiones concernientes a los interés del estado», acotó.
Ambos dirigentes políticos exhortan a la «ilegítima AN», a consultar a los alcaldes, consejos legislativos, así como los empresarios a participar en el debate para la discusión de una Ley que fue calificada como «un adefesio más del régimen».
