La sociedad civil tiene que exigir a todos los actores políticos que entienda que la agenda de la gente debe estar por encima de cualquier otra consideración, subrayó este jueves Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia. La sociedad civil debe ser consultada, pero no es la sociedad civil la que se va a sentar a negociar, aclaró.
Esperamos que los espacios de diálogo y negociación abran un camino hacia la democracia sostenible en Venezuela, enfatizó. Se debe incluir la atención de salud, la mejoría en las condiciones de vida, la recuperación del salario, el respeto por los sectores civiles y políticos, acotó. Eso para por un entendimiento entre los actores políticos, aseveró.
De ser aprobado, el proyecto de ley sobre las ONG implicará un cierre del espacio cívico y que las organizaciones dejen de hacer su trabajo, porque se condena la posibilidad de recibir recursos y de desarrollar el trabajo, subrayó. La expectativa es que el proyecto no sea aprobado como está, «Venezuela no necesita esa ley de cooperación».
Con la norma se restringe el derecho a asociación, se dará un uso discrecional de la información de las organizaciones, información clave como la de víctimas atendidas tendrá que estar a disposición de cualquier entidad, agregó Van Berkel.
Si una organización de DDHH investiga una violación de derechos humanos, y ese informe es tomado por otro país para sancionar al Estado venezolano, esa organización será responsable de la acción e, incluso, puede ser eliminada. Es algo que vemos con mucha preocupación, subrayó.
Sinergia agrupa a 60 organizaciones y conoce a por lo menos mil que están activas en Venezuela. Ese tejido organizativo está amenazado con la ley, también lo están los medios de comunicación, grupos empresariales, hasta la organizaciones religiosas porque todos los que manejen recursos será sometidos.
