Adopciones ilegales de niños en Suiza se conectan con el tráfico de personas

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Así lo reflejó un informe sobre menores de edad de Sri Lanka 

El departamento de Frouville exigió a Suiza investigar las adopciones ilegales procedentes de Sri Lanka, que tuvieron lugar durante las décadas de los años setenta, ochenta y  noventa, para determinar si algunos de los niños implicados eran víctimas de desapariciones forzadas y otros delitos.

El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED), señaló también que Suiza debía garantizar el derecho a la reparación de las víctimas.

Olivier de Frouville, vicepresidente del CED de la ONU, ha explicado cómo «por primera vez, y muy claramente” se da la conexión entre el tráfico de niños y las desapariciones forzadas, y cómo esto podría influir en los futuros trabajos del comité.

«Los casos son muy variados. Pero algunos sí son preocupantes y coinciden con las desapariciones forzadas. A veces los niños son raptados y posteriormente se falsifica su identidad»,explicó Frouville.

Y añadió «bien son víctimas de una desaparición forzada o bien fueron robados mientras sus padres estaban a su vez desaparecidos. En algunos casos nacieron durante las desapariciones forzadas de sus madres, y posteriormente fueron robados y adoptados ilegalmente».

Hay muchos testimonios de mujeres que cuentan que dieron a luz y les quitaron a su bebé. El personal médico les dijo que el bebé había muerto, pero nunca pudieron ver el cuerpo.

En realidad, el bebé había sido robado y vendido a intermediarios en Sri Lanka, que luego lo daban en adopción a familias suizas. También hay historias de «granjas de bebés», en las que se privaba a las mujeres de su libertad y se las obligaba a dar a luz a niños de los que luego se apropiaban.

En algunos casos, unos intermediarios en Suiza organizaron la adopción de niños de Sri Lanka en familias helvéticas. Para llevar a cabo estas operaciones estos intermediarios tenían que contar con los permisos y el control de las autoridades cantonales.

Por otra parte, las autoridades federales tenían derecho a recurrir las autorizaciones concedidas por los cantones.

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