Madres temen por sus hijos adolescentes, algunas pudieron sacarlos de la zona que desde inicios de este año, se mantuvo en conflicto con los organismos de seguridad del Estado
La incursión policial denominada por el gobierno nacional «Operación Gran Cacique Guaicaipuro» -implementada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz desde el pasado 9 de julio- no deja de sorprender a los habitantes de La Vega.
Funcionarios de la Policía Nacional, la policía científica y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se instalaron en la zona y, «con mucha más represión, amedrentan a los habitantes e imponen terror en una comunidad que apenas se recupera del fuego cruzado registrado durante tres días seguidos y de forma simultánea en otros sectores como El Valle y La Cota 905», aseguró el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega.
Infante indicó que familias del barrio El Carmen, calle Zulia y Los Bloques se vieron en la necesidad de abandonar sus casas, o vender a muy bajos costos, para salir de la zona. Otras familias fueron obligadas por funcionarios policiales; sus bienes les fueron despojados o saqueados por la fuerza pública.
«En La Vega se vive un proceso de desplazamiento interno. Muchas de las casas de estas personas ahora son propiedad de los policías, y aunque no tenemos una cifra total, existen hechos verificables. Esas casas cuyas estructuras fueron dañadas por pasos de proyectiles de alto calibre, también fueron tomadas por funcionarios», acotó.
La situación obligó también a las madres a sacar a sus hijos adolescentes a otros sectores «por temor a ser aprehendidos injustamente, protegerlos de los operativos policiales, la violencia. Los residentes de La Vega le tienen mucho miedo a la presencia policial», sostuvo Infante.
Recordó que el pasado 14 de julio, Jairo Pérez -un líder comunitario- fue detenido por funcionarios del Sebin. Para el momento Pérez proyectaba una película a niños de la comunidad.
«Su detención duró un mes y ahora está bajo el régimen de presentación con señalamientos de traición a la patria. Pérez, un hombre dedicado a la lucha comunitaria, sus carencias y falta de servicios básicos, un hombre con liderazgo base de gran trayectoria. Su detención es un ejemplo para desmovilizar a la acción social y comunitaria. Quien no esté alineado al poder, puede ser aprehendido», dijo Infante.
Y agregó «sin duda alguna, la detención de Jairo Pérez fue para amedrentar a la comunidad, para no seguir con los trabajos de Derechos Humanos en la zona».
A juicio de Infante «el joven o adolescente -por ser de barrio- pasa a ser el más vulnerable en su contexto. Con la presencia policial, muchos jóvenes tienen miedo. Porque por el solo hecho de vivir en los barrios lo vinculan con bandas delictivas, y yo difiero de eso, hay muchos muchachos que aspiran a forjar un futuro con mejores oportunidades de vida, para ellos y sus familias».
¿Surgirán otras bandas en La Vega?
«Mientras no se atiendan las causas estructurales que generan las dinámicas de violencia, siempre van surgir» nuevas bandas, refirió el padre Infante.
Infante explica que «el Koki» no es una sola persona, «sino un símbolo de una dinámica estructural. Podrá desaparecer la persona física, pero la dinámica estará presente y surgirán otros Koki».
A su juicio, nos encontramos en un escenario militarista «un imaginario que se ha ido imponiendo ante la ausencia del Estado de derecho. Mucha gente acude a la violencia de las armas como mecanismo para el control de espacios territoriales y de población, que surgió a raíz de los corredores de paz».
«Hasta que no haya planes de prevención serios, no haya acceso a posibilidades al desarrollo humano, esas dinámicas van a cobrar más fuerza».
