Especialistas en derecho constitucional señalan que para lograr lo que ha sido denominado el “cese de la usurpación” es indispensable renovar todos los Poderes Públicos en Venezuela, aceptar la ayuda de la comunidad internacional, contar con la Fuerza Armada Nacional y mantener las protestas en las calles
A poco más de tres meses de la juramentación del diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, sus discursos continúan marcados por la frase “cese de la usurpación” del presidente de la República Nicolás Maduro, e invita a sus seguidores a salir a las calles para lograr ese objetivo.
El dirigente de Voluntad Popular, desde su proclamación, el pasado 23 de enero, trazó una ruta para «rescatar el orden democrático en Venezuela» y cesar la usurpación en Miraflores, e informó acerca de un nuevo cronograma electoral como una vía para lograrlo.
En este sentido, especialistas en el área constitucional, ofrecieron sus puntos de vista respecto al «cese de la usurpación», planteado por el presidente de Asamblea Nacional.
Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista expresó que este planteamiento se vincula a las elecciones del pasado 20 de mayo, las cuales según su percepción «no respetaron los estándares previstos en los tratados internacionales» debido a que hubo inhabilitación de partidos políticos, un proceso atropellado de revalidación de firmas y no se actualizó el Registro Electoral ni dentro ni fuera del país.
Raffalli considera que se debe hablar de restablecimiento del orden constitucional, apegado al artículo 333 de la Carta Magna porque todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. «Se trata de rescatar la Constitución, desde la Constitución misma, a partir de una nueva elección, pero que sea autentica y, para ello, es necesario contar con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)», puntualizó.
Según el jurista, el «cese de la usurpación» no se ha logrado porque «Maduro ejerce el poder no porque tenga respaldo popular sino porque tiene apoyo militar de buena parte de la Fuerza Armada Nacional«.
En este sentido, la Asamblea Nacional (AN) aprobó, en primera discusión, la Ley de Amnistía para militares y civiles que colaboren con la restitución del orden constitucional.
Raffalli señaló que existe una anarquía constitucional dado que los poderes públicos se ejercen de manera distinta a lo establecido en la Constitución. «Quien tiene más poder es quien tiene más fuerza y el monopolio de las armas en el país. Maduro, además de contar con la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales, cuenta con unas fuerzas irregulares que han sido utilizadas para tener participación directa en los asuntos políticos de manera inconstitucional porque no son cuerpos de seguridad contemplados en el artículo 332 de la Constitución», aseveró.
El abogado indica que «hablar de la autoproclamación de Guaidó no es correcto. Lo proclamó la Asamblea Nacional y él asumió la juramentación del cargo, y el que lo instituye como presidente de la República encargado es el artículo 333 de la Constitución».
Raffalli manifestó que «para restituir la Constitución necesitamos la ayuda de la comunidad internacional y eso no se califica como injerencia. La independencia de los países es producto de una guerra».
Por su parte, José Vicente Haro, abogado constitucionalista, y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC), dijo que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución.
Respecto al nuevo cronograma electoral propuesto por la AN, Haro consideró que «es necesario que primero cese la usurpación para poder convocar de nuevo a elecciones presidenciales porque de lo contrario no serían elecciones auténticas».
Haro indicó que el «cese de la usurpación» no se ha logrado porque las fuerzas castrenses están politizadas y parcializadas: «La Fuerza Armada no va a ser garante del cese de la usurpación. Es una estrategia que está quedando fallida«, dijo.
El jurista expresó que «el cese de la usurpación no se soluciona con una sola marcha, se requiere de mucha organización y movilizaciones de envergadura a nivel nacional para tener un efecto potencial».
Haro apuntó que «es necesario pensar en otros escenarios. Al no tener una Fuerza Armada dispuesta a defender el orden constitucional dependemos de dos factores, de los ciudadanos o de una misión militar internacional en función de la paz y con fines humanitarios«.
El abogado aseguró que «ya es hora de trabajar con los aliados internacionales de Guaidó. Las sanciones hacia Venezuela no están surtiendo el efecto que se esperaba en corto plazo«.
