Robert Franco es secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano-Paria
El Tribunal Cuarto Nacional en materia de terrorismo, decidió mantener en la cárcel y pasar a juicio al profesor Robert Franco y otros cinco imputados por una supuesta vinculación con la denominada “Operación Boicot”, a la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre.
Franco es secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano-Paria.
El tribunal, presidido por Mascrimino Márquez, tomó la decisión con base en la acusación que realizó el fiscal 67, Farit Harin Mora Salcedo.
La decisión de pasarlos a juicio con privativa de libertad desató este martes numerosas reacciones en el gremio docente, ya que el maestro cumple 3 meses detenido.
Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, criticó la decisión y sostuvo que no ha cometido delito alguno. «Acaso la dictadura de Nicolás Maduro considera delito exigir un sueldo digno para los docentes, Franco no es terrorista sino un profesor de educación física, el cual ha dedicado su vida a la enseñanza y a luchar por las reivindicaciones salariales de sus colegas del estado Sucre», exclamó.
Sánchez calificó de sicarios judiciales al juez Mascrimino Márquez y el fiscal Farit Harin Mora Salcedo. «Sin ninguna prueba o basamento legal decidieron pasarlos a juicio acusándolos de terrorismo, además de mantenerlos presos, ya el docente cumple 3 meses detenido con trato inhumano en los calabozos de la sede de las FAES en La Quebradita», comentó.
La también vocera de FORDISI (Asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical), responsabilizó de la injusta prisión del profesor Robert Franco al régimen de Maduro, que desde hace tiempo persigue y hostiga a los maestros de esa región oriental. “No les basta con condenarlos a salarios de hambre, sino ahora manda presos a los líderes sindicales que exigen en las calles un trato digno al gremio docente; en homenaje a Franco seguiremos manifestando haciéndole saber a Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz que el magisterio no se rinde. Nos podrán meter presos, agredirnos o suspendernos nuestros salarios, pero el gremio docente sigue alzando su voz de protesta”, señaló.
Por su parte, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, relató cómo a Darío Estrada, Robert Franco y a los otros detenidos se les negó su derecho a la defensa al impedir la juramentación de sus abogados. Además, realizaron la audiencia a pesar que horas antes el mismo juez informo la suspensión todo tipo de actos en el Palacio de Justicia, motivado a la cuarentena radical, solo estando activos las guardias de flagrancia.
“Esta es una práctica común de este juez, el cual realiza procesos sin presencia de los abogados defensores, presionando a los imputados a admitir hechos que no cometieron y condenándolos a largas penas. En este caso, fueron pasados a juicio y mantiene la injusta medida de privativa de libertad”, indicó.
