Benjamin Gedan, subdirector del programa de América Latina del Wilson Center dijo que, cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington «tome medidas enérgicas»
Este miércoles, la agencia de noticias Reuters, aseguró que los ejecutivos de Citgo, que fueron condenados por un tribunal venezolano en noviembre, a entre ocho y 13 años de prisión por corrupción en un procedimiento que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de “tribunal canguro”, habrían sido «monitoreados por miembros de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGIM)».
«Los documentos del juicio revisados por Reuters incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balza, sobre el monitoreo. El testimonio que no ha sido reportado previamente», señala una nota de la agencia.
Balza, quien se presume, desempeñaba en 2017 como director de operaciones de la dirección de contrainteligencia militar de Venezuela (DGCIM), dijo que los servicios de inteligencia enviaron la información recopilada en el transcurso de un año al fiscal Tarek William Saab, cuya oficina la utilizó para abrir una investigación criminal.
“Desde que esa empresa (Citgo) se convirtió en venezolana, la empresa y los miembros de su directorio han sido monitoreados por los servicios de inteligencia de este país”, dijo Balza en su testimonio del 11 de agosto en un tribunal de apelaciones de Caracas.
Balza, quien realizó los arrestos, firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio y fue revisado por Reuters. El documento indicaba que los seis hombres firmaron un contrato de refinanciamiento de Citgo en julio de 2017 que, según los fiscales, era desfavorable para los intereses de Venezuela.
Cuando un abogado defensor de uno de los hombres le preguntó cómo obtuvo la información, Balza dijo que los servicios de inteligencia tenían «telefonía» y «cosas que siguen a estas personas», sin proporcionar detalles específicos.
“Así es como funcionan las agencias de inteligencia”, dijo. «Todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen».
Estados Unidos tilda de dictador al presidente venezolano Nicolás Maduro y ha impuesto sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). También ha procesado a altos funcionarios venezolanos por cargos de corrupción y tráfico de drogas.
En diciembre, impuso sanciones al juez y al fiscal en el caso Citgo, diciendo que se negó el acceso a los juicios a los medios y grupos de derechos humanos.
Benjamin Gedan, subdirector del programa de América Latina del Wilson Center y ex director de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington «tome medidas enérgicas».
«Si están violando las leyes estadounidenses, entonces corren el riesgo de ser procesados y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen», dijo Gedan.
La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial y requiere que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia, según Steven Cash, abogado del bufete de abogados Day Pitney y exfiscal.
«Si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen», dijo Cash.
No quedó claro del testimonio si los servicios de inteligencia venezolanos violaron alguna de esas leyes. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre si el monitoreo desencadenaría alguna acción.
