Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley lo exige, según esta organización
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes, 28 de agosto, que las fuerzas de seguridad y autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del coronavirus como «excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población».
Según un informe de HRW, desde que se declaró el estado de excepción para frenar el contagio, a mediados del mes de marzo, las autoridades venezolanas detuvieron de manera «arbitraria» y procesaron penalmente a periodistas, trabajadores de la sanidad, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la ley contra el odio de 2017, que es absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia», destaca el texto.
Agrega que a los abogados de los acusados se les concede un acceso «muy limitado» a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al «cierre de tribunales». Algunos detenidos sufrieron «abusos físicos» que podrían calificar como «torturas».
En tal sentido, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que «el estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos».
Con base en un análisis de casos reportados por ONG y y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó a 162 personas que habrían sido víctimas de «hostigamiento, detención o persecución penal» entre los pasados meses de marzo y junio.
