«Denunciamos la política arbitraria que ha desatado el gobierno en contra de los trabajadores de la prensa, a quienes se les dictan medidas judiciales sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso», declaró Edgar Cárdenas, secretario general del CNP-Caracas
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas inició una campaña para exigir la libertad plena de varios comunicadores sociales que son víctimas de acciones tribunalicias sin causa, sin condena ni juicio.
«Denunciamos la política arbitraria que ha desatado el gobierno en contra de los trabajadores de la prensa, a quienes se les dictan medidas judiciales sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso», declaró Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas.
«Estas acciones del gobierno pretenden criminalizar la profesión de los periodistas con la intención de silenciar la información e imponer la censura a los medios», agregó.
El dirigente del CNP precisó que a seis periodistas se les obliga a presentarse periódicamente en los tribunales, «por instrucciones del gobierno, con medidas cautelares, que restringe la libertad personal y la administración de sus bienes».
«Es el caso del periodista Arnaldo Sumoza, a quien el gobierno acusa de alterar el orden público por informar sobre una protesta de vecinos que reclamaban la falta de agua en El Sombrero, estado Guárico», dijo Cárdenas.
Otro caso es el de Eduardo Galindo Peña, secretario general del CNP Apure, detenido el pasado 15 de abril por un pelotón del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GN que allanó su residencia sin orden judicial.
«El gobierno lo acusa de instigación al odio por sus informaciones en el portal de noticias Senderos de Apure. También su esposa y otros familiares son víctimas del acoso policial», denunció el CNP.
Tambien Darvinson Rojas fue detenido y su vivienda allanada violentamente por un pelotón de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el pasado sábado 21 de marzo. El gobierno lo acusa de instigación al odio por ejercer la profesión de periodista.
«En la misma situación de hostigamiento por medida cautelar se encuentra el reportero gráfico Jesús Medina, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), 28 de agosto de 2018. Estuvo preso durante 15 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por sus reportajes fotográficos», dijo Cárdenas.
También el caso de Ana Belén Tovar, quien estuvo presa durante cinco meses en la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los funcionarios allanaron sin orden judicial los portales de noticias Venmedios y Entorno Inteligente por difundir informaciones sobre altos funcionarios del gobierno. Se le impuso medida de presentación.
Cardenas comentó el caso de Elides Rojas, vicepresidente de información del diario El Universal, quien fue llevado a la DGCIM porque al gobierno no le gustó una información sobre un accidente aéreo en Charallave, estado Miranda. El Gobierno lo acusa de instigación al odio.
Cárdenas expresó la preocupación del gremio de los periodistas y de sus familiares por la desaparición forzada de Carol Romero, productora del circuito radial FM Center, detenida este jueves por funcionarios de la Guardia Nacional en la estación de gasolina del kilómetro 7 de la carretera El Junquito.
Denunció que Romero fue golpeada y esposada por grabar una protesta de conductores contra funcionarios de la GN que controlaban la venta de gasolina.
«Estos casos y otros forman parte de una política de Estado de agresión a los periodistas y medios en Venezuela», declaró Cárdenas.
