La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este jueves su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente a la COVID-19 sean usadas como justificación para introducir «cambios represivos» que se prolonguen, incluso, cuando termine la pandemia
«Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión», señaló, añadiendo que en algunos casos «la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia».
La expresidenta chilena, quien expresó esta inquietud en una sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos para analizar los efectos políticos y sociales de la pandemia, evitó dar ejemplos concretos, aunque gobiernos como Hungría o Filipinas, entre otros, han sido criticados en las últimas semanas en este sentido.
Muchas de las medidas de emergencia tomadas en todo el planeta «son necesarias para responder esta emergencia de salud pública» en un momento en el que muchos gobiernos están tomando «decisiones muy difíciles», reconoció.
Sin embargo, la actual situación excepcional «no es un cheque en blanco para olvidar las obligaciones con los derechos humanos», afirmó Bachelet.
La alta comisionada insistió en que las medidas de emergencia deben ser «necesarias y proporcionadas», y subrayó que debe informarse claramente a las poblaciones sobre su contenido y duración.
Bachelet, también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate a supuesta «desinformación», pero que podrían dirigirse contra cualquier crítica, alertó.
«En algunos países se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección, o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales», denunció, insistiendo en que «criticar no es un delito».
