Los funcionarios presuntamente habrían simulado un enfrentamiento para encubrir el triple homicidio.
El 15 de junio inicia un nuevo proceso judicial en el juzgado 4to a cargo de la Juez, Dra. Grendy Duque Carvajal, en contra de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas Rafael Enrique Aguilar García, José Gregorio Figuera Hernández y Joel Jesús Amador Castillo por el homicidio del Ingeniero Simón Antonio Lozada y los técnicos de ascensores Gustavo Adolfo Toussaint y Julio Gámez, hecho ocurrido el pasado 17 de febrero del año 2017 en las residencias El Puente, en la Avenida Fuerzas Armadas, municipio Libertador.
Durante dos años y medio el caso estuvo en averiguaciones hasta que llegó a los tribunales y la Jueza, Dra. Cornelia Pérez, les otorgó libertad plena a pesar de existir elementos probatorios de que se trató de homicidio calificado y hubo simulación de hecho punible.
Familiares de las víctimas apelaron la decisión a instancias superiores comprobándose que hubo manipulación en el caso a favor de los funcionarios y por esta razón se inicia un nuevo proceso judicial en contra de los funcionarios Rafael Enrique Aguilar García y José Gregorio Figuera Hernández, ya que Joel Jesús Amador Castillo murió en un enfrentamiento con bandas criminales en la Troncal 9 años atrás.
Antecedentes del caso.
El 17 de febrero del 2017 los técnicos, Gustavo Adolfo Toussaint y Julio Gámez se encontraban en las residencias El Puente, en la Av. Fuerzas Armadas, municipio Libertador, realizando las reparaciones a uno de los ascensores. Durante varios días estuvieron trabajando en la unidad, pero la falla persistía, lo que generó descontento con uno de los inquilinos que era el presidente de la junto de condominio y funcionario del Cicpc, José Gregorio Figuera. Los técnicos contactan al ingeniero Simón Lozada para que los ayude con la tarjeta del ascensor, ya que él era uno de los pocos especialistas en esos sistemas.
El ingeniero, al llegar a las residencias, escuchó unos disparos y cuando corre a la calle se encuentra con una comisión del Cicpc que había llegado al sitio. Los funcionarios le dispararon en el pecho. Investigaciones determinaron que los técnicos habían discutido con el Cicpc que vivía en las residencias y este les disparo en múltiples ocasiones a cada uno. Luego llamo a unos compañeros quienes llegaron al sitio y se encontraron con Lozada.
Al momento del hecho las comisiones movieron el vehículo del ingeniero hasta el estacionamiento y reportaron todo como un enfrentamiento con sujetos armados. En el sitio se perdieron las pertenencias de las víctimas, sus herramientas, teléfonos y sus identificaciones.
Inmediatamente luego de haber ocurrido el hecho, los tres implicados se fueron de vacaciones por 3 meses, dando tiempo a sus abogados de preparar una defensa. Al regresar se presentaron ante la justicia y la Jueza, Judith Coello, les otorgó libertad condicional a todos y continuaron en sus funciones policiales. En este tiempo los familiares de las víctimas recibieron amenazas y llamadas intimidatorias para que desistieran de la acción legal.
Luego de dos años en juicio, la jueza Cornelia Pérez los absolvió y les otorgo libertad plena. Los abogados de las víctimas comenzaron el proceso de apelación ante tribunales superiores. Dos años después de haber apelado y tras haber comprobado las irregularidades en el caso, aceptaron iniciar otro proceso judicial por este triple homicidio, esta vez en manos de la Jueza Grendy Duque Carvajal.
Uno de los implicado, Inspector Jefe Joel Amador, Jefe de Investigaciones del Cicpc, fue asesinado cuando se trasladaba en la Troncal 9, junto al Jefe de la Delegación de Caucagua, tras ser interceptados por delincuentes de la banda de Las Delicias.
Contra dos de los funcionarios implicados existe un expediente en el Tribunal 29 de Control de Caracas, por la desaparición de cuatro jóvenes en el año 2014 en Palo Verde. Hasta la fecha sigue sin ser resuelto.
Versiones del Cicpc sobre el caso establecen que los tres occisos se enfrentaron a a las comisiones, también informaron que al momento de las averiguaciones las personas que trabajaban en el ascensor no habían sido enviadas por la empresa, sino que llegaron por su cuenta. Se espera que en esta nueva etapa de juicio se demuestre la inocencia o culpabilidad de los implicados.
Familiares de los jóvenes asesinados exigen que se haga justicia en el caso ya que hubo manipulación, corrupción y uso de influencias para absolver a los funcionarios implicados en el hecho. Esperan que en esta nueva fase de juicio los tribunales actúen a favor de la justicia y no a los intereses de unos funcionarios que violaron la ley. Actualmente están siendo representados por la defensoría publica ya que no cuentan con recursos para contratar una defensa privada.
