La experiencia indica que una amnistía no avanza solo con la decisión del Estado, sino que necesitan consenso, manifestó el diputado Omar Ávila, dirigente de Unidad Visión Venezuela.
«Las amnistías, cuando se imponen desde el poder y sin consenso social profundo, suelen producir una paz aparente y una fractura moral duradera. Los Estados pueden cerrar expedientes, pero las víctimas no cierran duelos por decreto», señaló el legislador en un artículo de opinión.
Desde una perspectiva equilibrada, aseveró, «es válido reconocer que toda sociedad necesita salidas políticas a conflictos prolongados. Sin embargo, dichas salidas deben construirse sobre bases sólidas: transparencia, inclusión de todos los actores, respeto a los estándares internacionales y, especialmente, garantías de no repetición».
«La Ley de Amnistía propuesta por la primera mandataria, tal como ha sido planteada en el debate público, plantea más interrogantes que certezas. Sin un marco claro, consensuado y verificable, corre el riesgo de convertirse en un acto simbólico orientado más a aliviar presiones políticas internas y externas que a resolver las causas profundas de la crisis venezolana», alertó el dirigente.
A su juicio, la discusión sobre la amnistía «no debería centrarse únicamente en quién la propone, sino en para qué y para quién se propone. En el contexto venezolano actual, cualquier iniciativa de este tipo debe ser examinada con rigor crítico, pues una amnistía mal diseñada no solo puede erosionar aún más el Estado de derecho, sino también hipotecar las posibilidades de una verdadera reconstrucción democrática».
Recordó que, en términos jurídicos, «la amnistía es una medida extraordinaria destinada a extinguir la responsabilidad penal por determinados hechos, usualmente vinculados a delitos de carácter político. En democracias funcionales, su aplicación suele responder a procesos de transición, acuerdos de paz o cierres institucionales de conflictos armados o autoritarios, bajo criterios claros, consensuados y, sobre todo, compatibles con el respeto a los derechos humanos».
Pero en el caso venezolano «el problema no radica en la figura de la amnistía en sí misma, sino en el contexto institucional profundamente debilitado en el que se propone. La ausencia de independencia judicial, la falta de contrapesos efectivos y el historial de instrumentalización del derecho penal con fines políticos condicionan severamente cualquier lectura benevolente de la iniciativa».
