Un grupo de jubilados, pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y adultos mayores se congregó frente a la sede principal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ubicada en Plaza Venezuela, para exigir información detallada sobre la recaudación y el destino de los recursos establecidos en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista.
Durante la protesta, los voceros señalaron que acuden a la instancia nacional «para exigir transparencia y rendición de cuentas», recordando que la referida contribución especial fue fijada en el 9% según la Gaceta Oficial N.º 6.806 Extraordinario del 8 de mayo de 2024.
Los manifestantes enfatizaron que han transcurrido dos años y cinco meses desde la aprobación de la ley, pero denunciaron que «las pensiones del IVSS continúan estancadas en 130 bolívares mensuales, equivalentes aproximadamente a 0,14 dólares, monto insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, medicamentos, atención médica y subsistencia digna».
En este sentido, recordaron que la normativa tiene como objetivo mitigar el impacto de las sanciones, favorecer un nivel de ingreso que permita vivir con dignidad y promover la justa distribución de la riqueza.
Interpelación y plazos legales
Ante la falta de respuestas oficiales, los voceros formularon una serie de interrogantes públicas dirigidas al superintendente Román Daniel Maniglia Darwich, cuestionando cuánto ha recaudado el Seniat por este concepto desde mayo de 2024, dónde se encuentran dichos recursos y a qué organismos o cuentas fueron transferidos.
Asimismo, exigieron saber cuánto se ha destinado efectivamente a proteger las pensiones, cuáles mecanismos garantizan el uso transparente del dinero y por qué el monto se mantiene invariable.
Invocando el artículo 51 de la Constitución de Venezuela sobre el derecho de petición, los representantes exigieron «una respuesta escrita, completa y debidamente fundamentada en un plazo de quince (15) días hábiles». Advirtieron que, de no recibir contestación, solicitarán la «interpelación ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que explique el monto de lo recaudado y el destino final de estos recursos», además de exigir al Superintendente de la Seguridad Social que ejerza su función fiscalizadora.
Para finalizar, los firmantes del documento y líderes de la protesta, entre ellos Edgar Silva, Urimare Capote y Rosa Mercano, recalcaron de manera contundente: «No pedimos favores. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos de los pensionados y que de una vez se proceda a realizar un aumento inmediato de las pensiones con los recursos aportados por el sector privado para esos fines de conformidad con la Ley de Protección de las Pensiones».
