La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió una orden directa y de cumplimiento obligatorio para los organismos policiales y militares del país. Durante una alocución nacional, la mandataria informó: «He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial salvo los casos de flagrante comisión de delito».
El anuncio coincide con el desarrollo de una reforma de la justicia penal en la que el Ejecutivo ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Unión Europea y la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Rodríguez enfatizó que el ejercicio de la política está garantizado para todos los sectores y que «la protesta pacífica es un derecho constitucional», el cual debe ejercerse sin temor a represalias de ningún tipo.
De igual manera, la presidenta encargada admitió públicamente un hecho inédito desde la jefatura del Estado al reconocer que «la ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva». Ante esto, confirmó que el Tribunal Supremo de Justicia ya declaró la constitucionalidad de una reforma para “eliminar las sanciones penales previstas en este instrumento, fortaleciendo su carácter educativo”. Una vez promulgada la modificación por la Asamblea Nacional, los tribunales estarán obligados a revisar de oficio las causas de todos los procesados bajo dicho texto legal.
Finalmente, Rodríguez vinculó estas instrucciones de flexibilización con el avance de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, la cual, según cifras oficiales presentadas en el discurso, ha beneficiado a casi 9.000 personas y ha permitido que “más de 1.000 personas han sido puestas en libertad” tras la revisión de sus expedientes penales derivados de la confrontación política.
