Tras el doble terremoto del pasado 24 de junio se acentuó el problema ya existente en el sector inmobiliario, muy deprimido debido a la crisis económica que afecta al país desde hace años.
Ante la emergencia habitacional por el doblete sísmico, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez emitió una propuesta para que los propietarios de viviendas desocupadas en Caracas, con la finalidad de atender a la población de La Guaira, el estado costero más afectado, una Ley denominada Régimen especial de arrendamiento para atender a corto plazo a los ciudadanos que perdieron sus hogares durante los terremotos.
La nueva Ley que además no deroga la legislación vigente desde el 2012, fue aprobada por la Asamblea Nacional de 2025 en tiempo récord, aun no cuenta con los reglamentos de deben regirla, aclaró la diputada por el grupo Libertad, Diana Rodríguez Ruíz, quien dijo que a pesar de la falta del reglamento que se produce por vía Ejecutiva, rescata el derecho a la propiedad y de la equidad.
Destacó que esta ley busca favorecer en primer termino de los guaireños afectados por los eventos sísmicos, sin embargo son rechazados por los propietarios e inmobiliarias pues no ofrecen garantías para cubrir los cánones de arrendamientos, lo que deja en evidencia la falta de confianza en la nueva ley.
Por su parte, Alfredo Aboul Hassan, abogado y profesor universitario, tras señalar que existen muchos vacíos legales que deben aclararse si la intención es promover el mercado inmobiliario en materia de arrendamiento.
En este sentido destacó, que la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento viene a resolver un problema puntual, por lo que en cualquier momento y sin previo aviso quedaría sin efecto legal, de allí que los propietarios se mantenga con muchas reservas a la hora de sacar al mercado sus viviendas aunque estén desocupadas.
Insistió el profesor universitario, que la ley debe fortalecer los derechos de los propietarios, quienes históricamente han sido tratado con displicencia por parte de las autoridades competentes, favoreciendo en todos los aspectos al inquilino.
Aboul Hassan, a pesar de lo antes expuesto dijo que entre los aspectos positivos de la Ley de Régimen Especial es que se modifica corresponsabilidad, equilibrio contractual y la autonomía de la voluntad de las partes involucradas. Los cánones se pueden cobrar en moneda extranjera sin que se obligue al arrendatario a aceptar el monto en bolívares y al BCV.
Sin embargo aclaró que los contrato de arrendamiento suscrito antes del 7 de agosto de 2026, están bajo los términos de la Ley de alquileres de 2012.
El abogado indicó durante su participación en el foro, que la intervención administrativa ejecutada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) torpedeaba las acciones legales de los propietarios, en su intento por recuperar su inmueble, queda prácticamente anulada con la nueva ley.
Se incorpora la figura de la mediación y arbitraje para resolver en plazos razonables cualquier controversia entre propietarios y arrendatarios.
La profesora universitaria Cora Farías, aunque no ve la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento como la solución al problema inmobiliario en Venezuela, si abre un abanico de opciones tanto para los inquilinos como para los propietarios, pues en esta legislación no establece la intervención de la Sunavi, institución que se ha caracterizado para favorecer a los ocupantes legales e ilegales sobre los intereses de los dueños de los inmuebles.
Ante la vigencia de la ley del 2012, la abogada recomienda contratos muy específicos, canon establecido en moneda extranjera, tiempo de duración del contrato, reparaciones menores, reparaciones mayores, cuotas de condominio. Así como también como los motivos para terminación del contrato de manera anticipada o unilateral por parte del propietario.
Dejar todo claro en el contrato evitará gastos legales y posible pérdida del inmueble, insistió.
El doblete sísmico ciertamente dejó al descubierto la crisis inmobiliaria, agudizada por las actuaciones de la Sunavi y la promoción de las invasiones, todo esto sembró una desconfianza descomunal en los propietarios que en un intento por recuperar sus bienes deben invertir cientos de dólares en efectivo y conformarse a esperar un promedio de siete u ocho años en el mejor de los casos.
