Las organizaciones no gubernamentales Provea y Clima21 hicieron una solicitud formal al Ejecutivo venezolano y a las corporaciones internacionales ligadas a las industrias minera y petrolera, demandando la fijación de garantías en materia ambiental en el marco de las recientes licencias y convenios suscritos con Estados Unidos, reseñó EFE.
A través de una comunicación escrita, ambas agrupaciones enfatizaron la necesidad de garantizar la transparencia en los datos públicos, asegurar la observancia de las normativas de derechos humanos y ambientales, al igual que procurar la salvaguarda y asistencia integral a las poblaciones en situación de vulnerabilidad ante los incidentes por derrames de crudo.
Las entidades señalaron que «la industria petrolera venezolana está sumida en una crisis ambiental crónica, caracterizada por constantes derrames de hidrocarburos y destrucción de ecosistemas continentales y marinos». Ante este panorama, sostienen que cualquier negociación contractual debe incorporar «compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados».
Asimismo, elevaron su inquietud al manifestar: «Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos».
El contexto institucional y comercial entre ambas naciones registró transformaciones a partir del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. Este suceso impulsó una fase de acercamiento diplomático, seguida por el levantamiento paulatino de sanciones y la concesión de autorizaciones para la explotación minera. En ese marco, durante el mes de marzo, el Departamento del Tesoro estadounidense aprobó una licencia que permite a compañías de esa nación realizar actividades vinculadas al comercio y explotación del oro en territorio venezolano.
En el ámbito energético, el mandatario estadounidense Donald Trump informó el 28 de agosto sobre un pacto destinado a la explotación de reservas de petróleo venezolanas, el cual contempla una participación en los dividendos para el Pentágono. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Venezuela, este convenio abarca un periodo de 25 años y contempla el desarrollo de 17 yacimientos que reúnen un estimado de 65.000 millones de barriles, proyectando alcanzar un nivel extractivo mayor a 1,5 millones de barriles diarios.
